Oficialismo y sus aliados renuevan el régimen de excepción por 51.ª vez
La Asamblea Legislativa aprobó este 27 de mayo una nueva prórroga del régimen de excepción en El Salvador, prolongando por otros 30 días una medida extraordinaria que permanece vigente desde marzo de 2022 y que se ha convertido en el eje central de la política de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele.
La extensión fue respaldada con 57 votos a favor y uno en contra durante la sesión plenaria número 111 del actual período legislativo. Con ello, el país acumula ya 51 renovaciones consecutivas de un mecanismo constitucional que suspende parcialmente garantías como el derecho de asociación, el plazo máximo de detención administrativa y ciertas restricciones vinculadas al debido proceso.
Para el oficialismo y sus aliados, la continuidad del régimen responde directamente a los resultados obtenidos en materia de seguridad pública. Diputados de la bancada de Nuevas Ideas sostuvieron que la medida permitió desarticular estructuras criminales que durante décadas ejercieron control territorial en comunidades urbanas y rurales del país.
El diputado oficialista Caleb Navarro afirmó durante el debate legislativo que El Salvador pasó “de ser considerado uno de los países más peligrosos del mundo a convertirse en referente internacional en materia de seguridad”. Según cifras gubernamentales, más de 90,000 presuntos pandilleros han sido capturados desde el inicio de la medida.
En la misma línea, el diputado Reynaldo Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), reiteró el respaldo de su partido a la política de seguridad impulsada por el Ejecutivo y aseguró que la reducción de homicidios y extorsiones ha transformado la vida cotidiana de amplios sectores de la población.
Las estadísticas oficiales muestran una caída sostenida de homicidios desde 2022. El gobierno asegura además que durante la actual administración se han acumulado más de 1,200 días sin asesinatos, incluyendo más de un centenar registrados durante 2026. Organismos regionales y empresas encuestadoras privadas coinciden en que la percepción ciudadana de seguridad ha mejorado significativamente.
La firma CID Gallup divulgó esta semana una encuesta según la cual el presidente Nayib Bukele mantiene niveles de aprobación cercanos al 93 %, mientras que un 98 % de los consultados respalda la estrategia gubernamental contra las pandillas. El estudio también señala que el 97 % de encuestados aseguró no haber sido víctima de delitos durante los últimos meses.
En barrios históricamente dominados por pandillas, comerciantes, transportistas y residentes reconocen cambios visibles en la movilidad y reducción de delitos como extorsiones y homicidios. Sectores empresariales vinculados al turismo y comercio también han atribuido parte del crecimiento económico reciente al nuevo contexto de seguridad.
Sin embargo, junto a esos resultados, el régimen de excepción continúa generando fuertes cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, abogados constitucionalistas y sectores de oposición política.
Diversos informes de organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Cristosal han documentado denuncias sobre detenciones arbitrarias, capturas sin orden judicial, restricciones al derecho de defensa y presuntas violaciones al debido proceso.
La organización Cristosal sostiene que miles de personas habrían sido detenidas sin vínculos comprobados con estructuras criminales. El gobierno rechaza esas acusaciones y argumenta que las capturas forman parte de una ofensiva legítima contra organizaciones consideradas terroristas por el Estado salvadoreño.
Otro de los aspectos más discutidos ha sido la situación dentro del sistema penitenciario. Autoridades salvadoreñas defienden que las cárceles dejaron de ser centros de operaciones criminales y destacan la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) como símbolo de la nueva estrategia de seguridad.
No obstante, organizaciones humanitarias han denunciado hacinamiento, restricciones de comunicación, falta de acceso adecuado a procesos judiciales y muertes bajo custodia estatal. Datos recopilados por agrupaciones de derechos humanos reportan centenares de fallecimientos de personas detenidas durante el régimen, aunque las autoridades sostienen que muchas corresponden a causas médicas o enfermedades preexistentes.
El debate también ha alcanzado el plano constitucional. Juristas señalan que una medida excepcional concebida originalmente para períodos breves se ha convertido en una política permanente de seguridad pública. Desde marzo de 2022, la Asamblea Legislativa —controlada ampliamente por Nuevas Ideas y partidos aliados— ha aprobado cada prórroga mensual solicitada por el Ejecutivo sin mayores modificaciones.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, adelantó recientemente que el régimen “va a ser prorrogado las veces que sea necesario”, reflejando la postura oficialista de mantener la medida mientras persistan riesgos vinculados a remanentes de estructuras criminales.
La oposición política sostiene que el amplio respaldo popular al régimen no elimina la obligación del Estado de garantizar controles judiciales y protección de derechos fundamentales. Diputados opositores y organizaciones civiles han advertido además sobre el debilitamiento institucional y la concentración de poder en torno al Ejecutivo.
A más de cuatro años del inicio de la estrategia de seguridad más agresiva en la historia reciente salvadoreña, el país presenta una realidad compleja: una reducción histórica de homicidios y violencia criminal coexistiendo con crecientes cuestionamientos sobre garantías constitucionales, transparencia y derechos humanos.
Para buena parte de la población, la recuperación de territorios antes dominados por pandillas representa un cambio tangible e inédito. Para sectores críticos, el costo institucional y jurídico de la medida sigue siendo motivo de preocupación.
Mientras tanto, el régimen de excepción continúa consolidándose como la principal herramienta política y de seguridad del gobierno de Nayib Bukele, en medio de un respaldo ciudadano que, hasta ahora, sigue siendo mayoritario.
