Los objetivos principales de la Convención son promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estado a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios en cada Estado para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
Una de las recomendaciones es legislar los mecanismos transparentes para la contratación de personal y que se publiquen las oportunidades de empleo, impugnaciones, criterios de selección y evaluaciones, ya que sea mediante la Ley de Servicio Civil o mediante una nueva normativa. Se pide valorar las contrataciones que hace la Asamblea Legislativa, Corte de Cuentas, Órgano Judicial y Fiscalía General.
Otra de las recomendaciones es crear un marco jurídico con medidas de protección a escala nacional e internacional para proteger a los empleados y ciudadanos que denuncian de buena fe los actos de corrupción en las instituciones, antes de comenzar los casos judiciales.
La Convención también le recomendó al Gobierno proponer reformas al Código Penal para incluir en los tipos penales, descritos en los artículos de cohecho impropio y cohecho activo, el elemento “para otra persona o entidad” para que se castigue a quienes compran voluntades de funcionarios. Esto porque actualmente la dádiva o ventaja indebida es solo para el propio provecho de quien la solicita o quien la ofrece, no así para una segunda persona o entidad.
La OEA recomienda revisar el artículo 39 del Código Penal para ampliar el concepto de funcionario público a aquellos particulares que prestan servicio público o administran fondos públicos.
Al igual, otra de las recomendaciones considera necesario reforzar con recursos económicos, humanos y tecnológicos al Instituto de Acceso a la Información y al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) para que implementen programas de éticas y de inducción a los funcionarios.
Según informó la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), el país ha tenido un retroceso en el combate a la corrupción, ya que en el rango del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) cayó de la posición 72 a la 95 en 2016. Y es que expresidentes y otros funcionarios públicos han sido acusados de enriquecimiento ilícito.
Según FUNDE, desde 2012, la calificación que había estado obteniendo el país había sido fija, en ese período no disminuyó. Así, de 2012 a 2014 había recibido 38 puntos, en 2015 subió a 39 puntos, pero en 2016 recibió la peor nota: 36 puntos.
“Este mecanismo anticorrupción de la OEA… nos permite tener un diagnóstico sobre la capacidad institucional con la que cuenta el país para afrontar esta problemática de corrupción”, manifestó.
