La orden girada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenando la instalación de la Asamblea Legislativa con 60 diputados y dejando en el limbo a los 24 diputados que fueron presuntamente electos por San Salvador en las pasadas elecciones de marzo, debe ser cumplida. No estamos diciendo que es buena o mala, solo estamos diciendo que debe cumplirse en virtud de que así lo dice la Constitución de la República.
Previendo que la Asamblea se niegue a cumplir y se instale con los 84 diputados de ley, la Sala se adelantó a indicar que cualquier acto que estos realicen como diputaos de la República, serán nulos adelantando la amenaza de desequilibrio en nuestra incipiente democracia y la amenaza de que se rompa el Estado Constitucional de Derecho en el país.
Teniendo como base la resolución de la Sala, para el 1 de mayo el país estaría enfrentado distintos escenarios. Uno, que en acatamiento a la Resolución de la Sala la Asamblea Legislativa se instale con 60 de los 84 diputados que la integran, lo que redundará en efectos políticos de gran envergadura pues tanto en la Comisión preparatoria como la Junta Directiva que tendría que asumir el próximo 1 de mayo, no cabría la posibilidad de que se integrara con diputados del departamento de San Salvador.
A esta primera situación podía encontrársele una salida de temporalidad, nombrando una comisión preparatoria neutral que elija “provisionalmente” la nueva Junta Directiva del primer Órgano del Estado, provisionalidad que se resolvería al momento en que el Tribunal Supremo Electoral concluya el reconteo de votos ordenado por la Sala y que esta ordene lo pertinente.
El otro escenario es que se mantenga la política del menosprecio a las leyes y a la institucionalidad del Estado y decidan entrar en desacato a la resolución de la Sala de lo Constitucional instalándose la Asamblea con la totalidad de 84 diputados poniendo en peligro el Estado Democrático de Derecho y sus imprevisibles consecuencias.
Un tercer escenario sería que el Tribunal Supremo Electoral, de la noche a la mañana, dijera que terminó el conteo y lo haga saber a la Sala de lo Constitucional y a la misma Asamblea Legislativa con lo cual, aunque el TSE quede mal parado, estaría propiciando una salida que ni al mismo Maquiavelo se le hubiera ocurrido.
Finalmente un cuarto escenario en el que el TSE y la Sala de lo Constitucional superen sus concepciones hegemónicas anteponiendo la necesidad del Estado de Derecho Constitucional al caos y la anarquía, caos y anarquía que se podría producir por la tozudez política.
La Sala de lo Constitucional está integrada por profesionales del derecho y hombres probos en su mayoría, si no en su totalidad, a quienes no les costará esfuerzo alguno encentrar la fórmula que aparte de la mente de algunos “pescadores” que andan en busca del rio revuelto y no les será difícil aportar lo propio para defender la democracia. Del TSE y particularmente de su presidente Julio Olivo, no sabríamos qué decir.
