Nuevo CIFCO divide opiniones entre desarrollo económico y protección ambiental en la Finca El Espino
La construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO), una de las principales obras de infraestructura impulsadas por el Gobierno salvadoreño con apoyo de la República Popular China, se ha convertido en uno de los proyectos más debatidos de los últimos meses debido a sus implicaciones económicas, urbanísticas y ambientales.
La controversia gira en torno a la utilización de más de 55,000 metros cuadrados de terrenos estatales vinculados a la Finca El Espino, una extensa área ubicada entre San Salvador y Antiguo Cuscatlán que históricamente ha sido considerada estratégica para la recarga hídrica, la regulación climática y la conservación de biodiversidad en el Área Metropolitana de San Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó en julio de 2025 la transferencia de 55,711 metros cuadrados a favor de CIFCO para el desarrollo del nuevo complejo ferial, luego de que la institución argumentara que carecía de una sede propia desde que las antiguas instalaciones fueron convertidas en Hospital El Salvador durante la pandemia de COVID-19.
El proyecto forma parte de la cooperación bilateral entre El Salvador y China, país que también participa en la construcción del nuevo estadio nacional. El entonces embajador chino en San Salvador, Zhang Yanhui, calificó la futura obra como un símbolo de la cooperación entre ambas naciones y una infraestructura destinada a fortalecer la capacidad del país para atraer eventos internacionales.
La posición del Gobierno
El Gobierno sostiene que el nuevo CIFCO permitirá modernizar la infraestructura para congresos, exposiciones, ferias comerciales y convenciones internacionales, un sector que durante los últimos años ha sido identificado como una oportunidad para incrementar el turismo de negocios y la inversión extranjera.
Funcionarios han señalado que el actual déficit de espacios para grandes eventos limita la capacidad competitiva del país frente a otros destinos centroamericanos como Panamá, Costa Rica o Guatemala.
En días recientes, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) rechazó públicamente las afirmaciones de que la construcción se realizará dentro del Ecoparque El Espino o del Parque Bicentenario. La institución aseguró que el proyecto se desarrollará frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, en una zona donde ya existen universidades, centros comerciales, complejos residenciales e instalaciones institucionales.
Según la versión oficial, el área de intervención no corresponde a una zona protegida y el proyecto será acompañado por programas de reforestación y compensación ambiental. El MOP ha insistido en que las publicaciones que afirman que el complejo será construido dentro del Ecoparque El Espino son incorrectas.
Entre los beneficios señalados por el Ejecutivo destacan:
- Incremento de la capacidad para albergar eventos internacionales.
- Atracción de turismo de negocios y congresos.
- Generación de empleo durante la construcción y operación.
- Incremento de ingresos para hoteles, restaurantes y servicios turísticos.
- Modernización de la infraestructura para ferias y exposiciones comerciales.
Las objeciones ambientales
Las organizaciones ambientales y diversos movimientos ciudadanos no cuestionan la necesidad de construir un nuevo recinto ferial, pero sí la ubicación seleccionada.
Agrupaciones como el Movimiento Ciudadano Somos El Espino han solicitado la reubicación del proyecto argumentando que la zona forma parte de un ecosistema estratégico para la infiltración de agua lluvia hacia los mantos acuíferos que abastecen a buena parte del Gran San Salvador.
Su principal preocupación radica en que la urbanización de nuevas áreas impermeabiliza el suelo mediante concreto, asfalto y edificaciones, reduciendo la capacidad natural de absorción del agua y aumentando la escorrentía superficial durante eventos de lluvia intensa.
Diversos especialistas en hidrología y ordenamiento territorial han señalado durante años que la Finca El Espino constituye uno de los últimos espacios verdes de gran tamaño que sobreviven dentro de la zona metropolitana, desempeñando funciones ambientales que van más allá de la conservación forestal.
Los cuestionamientos también se apoyan en documentos legislativos y registros oficiales que describen el terreno transferido como parte del inmueble conocido históricamente como Finca El Espino. Diversos medios y organizaciones han señalado que, aunque el Gobierno sostiene que la obra no estará dentro de áreas protegidas, el terreno sí forma parte del remanente de dicha finca y de una zona identificada por estudios ambientales como área de alta recarga hídrica.
Una discusión que trasciende el proyecto
La polémica ha trascendido el ámbito ambiental y se ha convertido en un debate sobre el modelo de desarrollo urbano que seguirá el país durante las próximas décadas.
Para los defensores del proyecto, El Salvador necesita infraestructura moderna para competir en el mercado internacional de congresos, convenciones y turismo de negocios. Argumentan que la construcción de grandes obras públicas puede coexistir con programas de mitigación ambiental y reforestación.
Para los críticos, el problema no es la construcción de un nuevo CIFCO, sino la pérdida progresiva de espacios de infiltración hídrica en un país que enfrenta estrés hídrico recurrente, urbanización acelerada y eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes.
Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA divulgada a inicios de 2026 reflejó que el 68.8 % de los consultados manifestó estar en desacuerdo con la construcción del nuevo recinto en terrenos vinculados a la Finca El Espino, mientras que un 23.7 % expresó apoyo a la iniciativa.
Entre la necesidad de infraestructura y la protección del agua
Más allá de las posiciones políticas, el debate ha puesto sobre la mesa una cuestión de fondo: cómo equilibrar el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la modernización de la infraestructura pública con la conservación de ecosistemas que cumplen funciones esenciales para el abastecimiento de agua y la resiliencia climática.
Mientras el Gobierno sostiene que el proyecto no afectará áreas protegidas y que impulsará medidas de compensación ambiental, organizaciones sociales y expertos continúan demandando estudios técnicos más amplios y mayor transparencia sobre los impactos hidrológicos de la obra.
La discusión, lejos de cerrarse, probablemente continuará durante las distintas fases de ejecución del proyecto, convirtiendo al nuevo CIFCO en uno de los casos más emblemáticos del debate entre desarrollo e infraestructura ambiental en El Salvador.
