El juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso decidió enviar a juicio oral al delantero brasileño, junto con sus padres, el presidente del Barça, Josep María Bartomeu, su predecesor Sandro Rosell y, como personas jurídicas, al club catalán y al Santos de Brasil.
El futbolista Neymar está más complicado que nunca con la Justicia española. José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional, decidió enviarlo a juicio oral junto con sus padres, el presidente del Barcelona FC Josep María Bartomeu, su predecesor Sandro Rosell y, como personas jurídicas, al club catalán y al Santos de Brasil, por estafa y corrupción durante el fichaje del jugador brasileño, llevado a cabo en 2013.
De la Mata impuso una fianza conjunta y solidaria de 3,5 millones de dólares en concepto de responsabilidad pecuniaria a Bartomeu, Rosell, el FC Barcelona, el Santos y a Odilio Rodrigues, quien fuera presidente de la institución paulista al momento del traspaso.
El juez ha fijado esta fianza por ser la cantidad de más que habría tenido que pagar el Barça al fondo DIS, la firma que tenía el 40% de los derechos federativos del jugador, motivo por el que se querelló contra todos los procesados que van ahora a juicio.
La Fiscalía pedirá en el juicio dos años de cárcel y más de 10 millones de dólares de multa para Neymar, y cinco años de prisión para Rosell, ex dirigente culé, por delitos de corrupción y estafa en el fichaje del delantero al fondo brasileño DIS.
José Perals, fiscal de la Audiencia Nacional, reclamó, asimismo, 8,4 millones de multa para el Barcelona y 7 millones para el Santos, club del que provenía el jugador cuando fue fichado por el equipo blaugrana.
También solicita dos años de cárcel para el padre de Neymar y un año para su madre, ambos por el delito de corrupción en los negocios y pide, asimismo, una multa de 1,4 millones para la empresa familiar N&N, además de reclamar a cada uno la misma multa de 10 millones que el fiscal ha pedido para el jugador.
A Rosell, Odilio Rodrigues, así como al Santos y al Barça, como personas jurídicas, pide también el fiscal que indemnicen de forma conjunta al DIS con 3,5 millones de dólares al entender que hubo “intención de ocultar el coste real del jugador”, que después, se supo, había ascendido a 85 millones.
