El robo de combustible era un negocio a gran escala en México. Es lo que se desprende de las cifras presentadas este jueves por el Gobierno. En apenas mes y medio, las autoridades han bloqueado las cuentas de 42 empresas, detenido a más de 400 personas, e iniciado 1.831 carpetas de investigación. Todo esto en el marco de la lucha del presidente López Obrador ha emprendido desde finales de diciembre contra este fenómeno delictivo, cuyo coste anual al erario público se cifra en más de 60.000 millones de pesos, unos 3.000 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos de la Administración.
Entre las firmas que el Ejecutivo ha colocado en el punto de mira hay franquicias de Pemex, la empresa estatal de petroleo. La investigación llevada a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda señala que la mayoría de estas empresas están situadas en el Estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos. Vendían combustible, pese a no reportar compras a la matriz desde 2016 o 2017. Es decir, la hipótesis es que vendían gasolina robada. Otras de las empresas cuyas cuentas han sido bloqueadas reportaban operaciones que Hacienda ha considerado “relevantes o inusuales” —la alarma salta cuando se detectan depósitos en efectivo de más de 10.000 dólares o cuando el cliente desarrolla una actividad financiera fuera de lo normal—.
La venta de combustible robado era extremadamente lucrativa, según indican las cuentas bloqueadas. Los datos bancarios de tan solo nueve de las empresas investigadas muestran que estas dejaron sin reportar al Sistema de Administración Tributaria 6.758 millones de pesos, más de 300 millones de dólares.
De las 435 personas detenidas durante el mes y medio transcurrido desde que se lanzó el plan, 165 han sido puestas a disposición judicial y 45 están en prisión preventiva. Estos sujetos, tanto empresas como individuos, salen de una lista de más de 8.000 personas y compañías analizadas por actividades financieras sospechosas en una investigación que se prevé larga, pero que avanza rápido —hace una semana, el Gobierno reportaba apenas cinco investigados—.
En el marco de este combate, el Gobierno quiere tipificar el robo de combustible como delito grave para facilitar la investigación de los presuntos culpables. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, ha hecho un llamado este jueves al Congreso para modificar la Constitución “con la mayor celeridad posible”. La reforma legal facilitaría, entre otras cosas, que se decretara prisión preventiva contra los presuntos culpables del delito. Al mismo tiempo, se ha anunciado la creación de una unidad policial especializada en el lavado de dinero. Su misión será impedir “el continuo desarrollo financiero de la delincuencia organizada y la impunidad que existe”, en palabras de Durazo.
La operación de investigación financiera es la segunda pata de plan del Gobierno contra el robo de combustible. La otra, más polémica, consiste en el despliegue de más de 5.000 militares para vigilar las instalaciones de Pemex, así como los ductos y los camiones cisterna que transportan la gasolina. El balance da una dimensión de la magnitud de este fenómeno: se han recuperado cuatro millones de litros de gasolina y 955 vehículos de transporte de combustible. Todo robado. Sin embargo, este despliegue de fuerzas de seguridad y el cierre de varias tuberías para evitar las tomas clandestinas han sido criticados por expertos en el sector por demostrar más fuerza que maña —en México hay más de 50.000 kilómetros de tuberías a vigilar— y por provocar un caos de suministro en al menos siete Estados del país.
