Por Gustavo Sierra
“¿Podría seguir siendo candidato presidencial y hacer campaña desde la cárcel?”, se preguntaba seriamente anoche un analista republicano en uno de los foros de la CNN que se suceden sin parar desde que el fiscal especial Jack Smith decidió dar el histórico paso de imputar al ex presidente Donald Trump por los cargos de conspiración, obstrucción a la justicia, retención dolosa de documentos de seguridad nacional, falsedades y violaciones de la ley de espionaje. “¿Cómo puede ser candidato a nada con esos cargos?”, se preguntaba enojada y a manera de respuesta una profesora de leyes de la Universidad de Virginia en el mismo programa. Las preguntas están en el aire desde el mediodía del viernes cuando Trump se enteró de que tenía que comparecer ante el tribunal el próximo martes. ¿Puede seguir siendo en este contexto el favorito dentro del Partido Republicano para ser nominado como candidato a la presidencia? Y lo que es aún más importante para este hombre que se maneja con la soltura de un centrodelantero en el área cuando se trata de la exposición mediática: ¿Este proceso lo beneficia o lo perjudica en su campaña presidencial?
“Este es un proceso de doble filo”, explica Andrew David, profesor de Historia de la Presidencia de la Universidad de Boston. “Porque, por un lado, uno quiere que sus dirigentes rindan cuentas ante el Estado de Derecho como todo el mundo. Esto es señal de que las cosas funcionan. Por otro lado, la naturaleza sin precedentes de esto asusta hasta cierto punto. Es interesante que otros ex presidentes se hayan acercado a esta línea, pero nunca la hayamos sobrepasado, y lo que eso significa en el futuro plantea muchas preguntas. En el caso de Trump, es posible que el fiscal, sin quererlo, le esté haciendo un gran favor a sus aspiraciones presidenciales”.
Trump podría unirse pronto a un notorio club que incluye a Silvio Berlusconi de Italia, Nicolas Sarkozy y Jacques Chirac de Francia y Park Geun-hye y Lee Myung-bak de Corea del Sur. Todos ellos fueron procesados y condenados por corrupción en los últimos 15 años. Las consecuencias de lo que les sucedió fueron diferentes en todos los casos, pero Trump está más cerca de mirarse en el espejo de Berlusconi, que continúa marcando la política italiana a pesar de la condena y su avanzada edad. Son “animales políticos” que una vez que llegan no están dispuestos a retirarse de ninguna manera y son muy difíciles de eliminar por parte de sus rivales o extirpar por parte del sistema democrático. Y cuanto más los “persiguen” mejor para sus aspiraciones. Se basan en la épica del “martirio”. Hacen creer que siempre son víctimas, que todos los quieren perjudicar.
Carl Tobias, profesor de Derecho de la Universidad de Richmond, en Virginia, cree que “el fiscal que actúa en el caso está muy alejado de los centros políticos, tienen muy buenos antecedentes y hasta ahora actuó correctamente. Por supuesto que los abogados de Trump van a intentar acusarlo de lo que puedan, pero mucho va a estar en lo que haga el Partido Republicano. Es allí donde hay que ver si con sus acciones o palabras legitiman o no el proceso”. Por ahora, todo indica que los republicanos van a defenderlo a rajatabla en vez de aprovechar para sacárselo de encima y aggiornarse.
“Es inconcebible que un presidente acuse al principal candidato que se le opone”, tuiteó Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes. “Yo, y todos los estadounidenses que creen en el Estado de derecho, estamos con el presidente Trump contra esta grave injusticia”. Ron DeSantis, gobernador de Florida y principal rival de Trump en las elecciones primarias presidenciales republicanas, escribió en Twitter: “El armamentismo de las fuerzas de seguridad federales representa una amenaza mortal para una sociedad libre… ¿Por qué tanto celo en perseguir a Trump y tanta pasividad ante Hillary o Hunter (Biden)?”. El senador JD Vance, de Ohio, lo calificó de “acusación farsa”, el senador Bill Hagerty, de Tennessee, comparó a EEUU con una “república bananera” y el senador Josh Hawley, de Missouri, dijo a Fox News: “Si el presidente de turno puede encarcelar a sus oponentes políticos, que es lo que Joe Biden está intentando hacer, ya no tenemos república.”
Repiten lo ocurrido hace menos de tres meses, cuando Trump fue acusado por la fiscalía del estado de Nueva York de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales por un pago de soborno a una estrella del cine porno. El ex presidente saturó los canales de noticias, disfrutó de un impulso en las encuestas y obligó a sus rivales en las primarias a unirse en torno a él. Recaudó más de 4 millones de dólares en las 24 horas siguientes a hacerse pública la acusación.
Las redes sociales están colapsadas de mensajes de seguidores de Trump batiendo el parche con que se trata de una “caza de brujas” en la que la justicia tiene doble rasero porque tanto el presidente Joe Biden como el ex vicepresidente Mike Pence también fueron sorprendidos con documentos clasificados en sus casas. Obviamente desestiman el hecho de que tanto Biden como Pence cumplieron con las autoridades cuando les requirieron que los devuelvan mientras Trump se negó a hacerlo. Pero no importan los argumentos. Casi un 30% del electorado republicano estadounidense sigue creyendo en lo que diga Trump sin cuestionar absolutamente nada.
Y más de 12 millones de estadounidenses, casi el 5% del total de la población, dice estar dispuestos a utilizar la violencia para restaurar a Trump en el poder como sucedió en la insurrección y el asalto al Congreso del 6 de enero de 2021. Un exhaustivo trabajo del Project on Security & Threats (CPOST) de la Universidad de Chicago indica que hay una persistente parte de la población de Estados Unidos que está dispuesta a recurrir a la violencia armada para que gobierne Trump y defender las ideas más extremas. Esos mismos analistas creen que la imputación de Trump va a aumentar ese apoyo al ex presidente, así como la tendencia a la lucha armada para defender el derecho a portar armas y prohibir el aborto.
El mismo estudio de los politólogos de Chicago muestra que uno de cada cinco estadounidenses sigue convencido de que le robaron la reelección a Trump. El 10% cree que el gobierno de Washington está controlado por una secta satánica de pedófilos. Y el 25% acepta la teoría de “El Gran Reemplazo” por la que el Partido Demócrata estaría reemplazando a los votantes estadounidenses por “obedientes” electores del Tercer Mundo.
En este contexto, no habría que sorprenderse si el proceso aprobado por el gran jurado de Miami termina siendo una plataforma para que Trump aumente en las encuestas, se convierta en el candidato indiscutido del Partido Republicano y que termine convertido nuevamente en presidente de Estados Unidos el martes 5 de noviembre del año próximo. Mucho va a depender de si el sistema judicial estadounidense logra demostrar que está realizando un proceso limpio y alejado de la interferencia política. Más allá de que los seguidores de Trump lo crean o no.
