La Asamblea realmente está en problemas. Informes confidenciales aseguran que el exceso de contrataciones innecesarias podrían llevarla a una crisis de insolvencia al grado de no poder pagar salarios del próximo trimestre ni cuentas por pagar a sus acreedores.
Una fuente conocedora del problema aseguró que desde el 2009, el presupuesto de la Asamblea se infló con plazas, muchas de ellas innecesarias, para favorecer a militantes de los partidos fmln y posteriormente de GANA. También se favoreció a familias y amigos y amigas de diputados. La última oleada de contrataciones fue entre enero a abril de este año.
La fuente agregó que la Junta Directiva de la actual legislatura se encontró con un grave problema financiero: de un presupuesto de aproximadamente 58 millones de dólares, 51 están destinado a salarios onerosos que se pagan a tres tipos de personas; quienes asisten a trabajar y realizan adecuadamente su trabajo, quienes asisten a trabajar pero que no tienen ninguna función por lo que no hacen nada, y quienes no llegan a trabajar.
La fuente agregó que el incremento de salarios ha llegado a un nivel que, de no solucionarse, dejaría a la Asamblea Legislativa sin recursos económicos para pagar los salarios de octubre, noviembre y diciembre. Tampoco podría pagar a los acreedores.
La mayoría de Diputados que integran la Junta Directiva, decidieron ordenar el problema de las plazas para lo cual fue necesario implementar dos medidas: una que consistió en un decreto de retiro voluntario (han aplicado unas 50 personas) y la otra la supresión de plazas innecesarias.
Algunos directivos dijeron reconocer que los despidos son odiosos por el malestar social que generan pero también reconocen que estos son una medida financiera de ajuste económico para evitar males mayores.
Miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa señalaron esa situación ha provocado que se generen conflictos con los sindicatos dentro de la Asamblea Legislativa, incluso el 30 de julio generaron un cierre del Órgano del Estado, lo que obligó a una negociación en la que el primer órgano del Estado se comprometió a respetar la ley, comprometiéndose a no despedir embarazadas, personas con algún problema de minusvalía y quienes tengan fuero como los directivos de los sindicatos. El acta de compromiso fue firmada por los integrantes de la Junta Directiva, excepto dos que no estuvieron presentes, y por el Grupo Legislativo del FMLN.
A pesar de esto la atmósfera conflictiva persiste, instigada por un miembro de la Junta Directiva de la Asamblea y un técnico de su confianza.
Fuentes allegadas a la Junta Directiva del Órgano Legislativo aseguraron que la decisión de suspender algunas de las plazas consideradas innecesarias fue de Junta Directiva y que la misma fue firmada, entre otros, por Guillermo Gallegos.
De no solucionarse el problema presupuestario, la Asamblea Legislativa no podría pagar los salarios de octubre, noviembre y diciembre, así de grave es la situación. Tampoco podría pagar a los acreedores.
