Se repite la historia: El expresidente dela Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes, logró evadir la justicia salvadoreña luego que el gobierno de México le otorgara asilo como refugiado político.
La oficina salvadoreña de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) informó al Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador que no puede capturar al ex dirigente efemelenista acusado por delitos de corrupción, porque el Gobierno de México le otorgó el asilo mencionado.
El seis de enero pasado, el Juzgado Décimo Primero de Paz de San Salvador, realizó la audiencia preliminar contra Reyes y 14 personas más, acusados de cometer los delitos de estafa agravada, peculado y lavado de dinero pero a la misma no se presentaron ni Reyes ni su socio y amigo, Byron Larrazábal, ni su secretaria y asistente personal, por lo que el juez ordenó su captura, no así con el resto de acusados, entre quienes se encontraba la esposa de Reyes, a quienes el tribunal dejó en libertad con medidas cautelares.
De acuerdo a lo que se sabe, enterado del proceso que se avecinaba y aprovechando que aún no había orden de captura en su contra, Sigfrido Reyes abandonó el país el 23 de noviembre de 2019; tomó un vuelo a la ciudad de Guatemala y luego se dirigió a México, según fuentes fiscales. En ese momento no tenía ninguna orden de captura, pero faltaba poco para que la Fiscalía lo acusara de liderar una estructura de lavado de dinero en la que según la Fiscalía participó su esposa, esposa Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, detenida el jueves 9 de enero por la noche en su residencia ubicada en San Salvador.
La INTERPOL notificó al juzgado el 6 de marzo que no puede dar detalles de la ubicación de Reyes porque México le dio asilo y las leyes de esa nación lo prohíben.
“Según sus leyes no pueden proporcionar mayor información apegado a los artículos 5, Fracción 10, 23 y 60 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, de la República de México”, dice el informe de INTERPOL El Salvador.
Reyes es el segundo exfuncionario del FMLN que se ampara en un gobierno de izquierda en la región para evadir la justicia salvadoreña. Ya lo hizo el expresidente Mauricio Funes, asilado por el régimen de Daniel Ortega mientras las autoridades de El Salvador lo reclaman por supuestamente liderar una red que se apropió $351 millones de fondos públicos en su gestión (2009-2014).
La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador aceptó la petición del juez Sidney Blanco para separarse del proceso contra Reyes. El juzgador alegó que cuando fue magistrado de la Sala de lo Constitucional coordinó la Comisión de Ética y Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y conoció en fase administrativa la investigación del patrimonio de Reyes. Consideró que eso podría generar dudas de su imparcialidad como juez de este caso.
La Cámara ordenó que el proceso pase a manos del Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador, con el juez Roberto Arévalo Ortuño. Según la Fiscalía, el entramado de Sigfrido Reyes está compuesto por un grupo de empleados públicos, socios, familiares y amigos que introdujo en el mercado financiero $6.5 millones de origen desconocido. Son acusados por lavado de dinero, peculado, estafa al Estado y falsedad documental. Reyes es señalado por tener un incremento patrimonial de $781,844.77 sin justificación legal.
Parte de los fondos Reyes los obtuvo supuestamente por el cobro de viáticos para viajes oficiales que él mismo se autorizó, según la FGR. Y también lo acusan de conspirar para que la empresa TERREIN, S.A. de C.V, del exdiputado y su exsocio Byron Larrazábal, comprara cinco lotes del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) con una rebaja ilegal de $105,300, en Nuevo Cuscatlán (La Libertad).
Reyes tiene otras dos causas judiciales paralelas: una civil donde FGR le exige devolver $472,464.04 que adquirió sin justificación como diputado y otra que busca quitarle bienes de supuesto origen ilegal.
