La Asamblea Legislativa, donde el partido Nuevas Ideas tiene mayoría absoluta, aprobó dos préstamos por 350 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Eso sucede cuando la deuda pública topó niveles críticos que comprometen gravemente la capacidad del Estado para atender las necesidades básicas de la población. Al parecer la adquisición de deuda pública no tiene freno en el país, cualquiera que sean las justificaciones enarboladas por el Gobierno.
Uno de los préstamos, por 100 millones de dólares, es supuestamente para disponer de fondos para atender emergencias ante desastres.
El Salvador, por su condición geográfica, enfrenta constantemente riesgos como huracanes, tormentas tropicales y terremotos, razón por la que el Gobierno destaca la necesidad de contar con herramientas financieras confiables para gestionar eficazmente emergencias y garantizar la estabilidad macroeconómica.
Sin embargo, algunos analistas estiman que al presidente Nayib Bukele le será difícil enrutar la economía, pues su administración se destaca por ser muy gastadora.
Con 33 mil 130 millones registrados en abril de 2025, equivalentes al 89.2 por ciento del PIB, el país enfrenta una crisis fiscal, cuyas dimensiones trascienden los números para convertirse en una amenaza directa al bienestar social y al futuro económico nacional.
Valoraciones como la del economista Rafael Lemus identifican un “problema sistémico” en la gestión presupuestaria: la administración Bukele convirtió los presupuestos aprobados en puntos de partida en lugar de límites del gasto público.
En 2024, el presupuesto votado por los diputados oficialistas fue de nueve mil 68.7 millones, pero terminó ejecutándose en 13 mil 141.20 millones, un alarmante incremento del 45 por ciento, o sea, el Gobierno se gasta más de lo que de le aprueba por ley.
Todo indica que la tendencia es seguir aumentando la deuda pública, aunque esto afecte a renglones prioritarios del país como la salud y la educación.
