El expresidente Mauricio Funes Cartagena admitió el viernes en sus redes sociales que reveló un documento secreto del Departamento del Tesoro de EE.UU. y señaló que es “una infracción administrativa y no penal”.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó el viernes a Funes, al fiscal Diego Balmore Escobar y al periodista costarricense Laffitte Fernandez por el delito de “revelación de actuaciones, hechos o documentos secretos” por hacer públicos datos de un Reporte de Operaciones Sospechosas, conocido como ROS.
“Yo no sustraje el ROS. Lo que hice fue hacerlo del dominio público y esta es en todo caso una infracción administrativa, no penal”, escribió el exmandatario en Twitter.
Añadió que la divulgación del documento, que versaba sobre un supuesto desvío millonario por el que fue procesado el difunto exmandatario Francisco Flores (1999-2004), la prohíbe la Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. y “no nuestras leyes penales”.
Antes de que Flores fuera acusado por desviar 10 millones de donaciones taiwanesas, Funes señaló en reiteradas ocasiones en un programa de radio y televisión al exmandatario, con base en el documento.
Según el exgobernante, el Departamento del Tesoro investigó el caso porque los cheques fueron emitidos por un banco de Nueva York, de donde pasaron a bancos de Costa Rica, Miami y Bahamas.
La Fiscalía explicó en la acusación que Funes sabía “de lo fraudulento de su obtención” y que era de “uso exclusivo” de la Unidad de Investigación Financiera del Ministerio Público, y a pesar de ello “reveló o divulgó información catalogada como confidencial”.
“La revelación del ROS ocurrió antes que se abriera un proceso penal en contra del expresidente Flores. No se trataba de un documento secreto ni constituía una prueba judicial que al divulgarse afectaba la administración pública”, sostuvo Funes.
Acotó, pese a que la revelación del escrito generó tensiones con la embajada estadounidense, que “ni siquiera EE.UU. impuso sanciones por este hecho”.
Por este caso, también serán procesados en el Tribunal Quinto de Paz de San Salvador el exempleado de la Fiscalía Diego Balmore Escobar, acusado de filtrar el documento; y el periodista de origen costarricense Laffitte Fernández, quien sirvió de intermediario entre Funes y Escobar a cambio de dinero.
Por otra parte, Mauricio Funes se desvinculó también de la acusación hecha por la Fiscalía en su contra por la malversación de 108,5 millones de dólares de la construcción de una represa.
Según la Fiscalía, el Gobierno de Funes pactó con la empresa de capital italiano ASTALDI el pago de la millonaria cifra para cancelar un contrato y evitar un arbitraje internacional por la construcción de la represa El Chaparral.
El ex jefe de Estado señaló en sus redes sociales que la negociación del pago fue entre la Junta Directiva de la autónoma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
“CEL es una autónoma y como tal no obedece al presidente de la República, solo a su Directiva”, sostuvo Funes.
El Ministerio Público también señaló en su acusación que Funes recibió 3,5 millones de dólares en “dádivas” de la empresa, fondos que supuestamente lavó con la ayuda de otras personas en El Salvador, Panamá, Suiza, Islas Marshall y Curacao.
“Yo tuve conocimiento de la negociación de CEL y ASTALDI y de la cantidad que se le pagó por cancelación del contrato hasta después que CEL pagó la indemnización. Es ridículo asegurar que cobré un soborno si ni siquiera sabía de lo que había decidido y avalado la Directiva de CEL”, sostuvo Funes.
La Fiscalía relató que la referida compañía tenía un contrato desde 2008 por más de 219,9 millones de dólares con el Gobierno para construir dicha represa, pero ésta abandonó la obra por “imprevistos” geológicos.
Apuntó que el Gobierno de Funes acordó con ASTALDI el pago directo de 108,5 millones de dólares, que incluía la cancelación de “la obra ejecutada hasta el momento, más una suma adicional de 45.244.418 dólares, sin existir base legal ni técnica” para el monto extra.
Ambas acusaciones se suman a otro proceso contra Funes en etapa de instrucción por la malversación de más de 351 millones de dólares.
Agencia Digital de Noticias -ADN-
