Un equipo de expertos forenses internacionales señaló el martes una serie de irregularidades en la atención hospitalaria y la investigación posterior a la muerte del exasesor de Seguridad Nacional del Gobierno de Nayib Bukele, Alejandro Muyshondt, según informó el martes Human Rights Watch (HRW).
«El análisis de los expertos revela fallas profundamente preocupantes tanto en la atención médica proporcionada a Alejandro Muyshondt como en la investigación posterior a su muerte», dijo en un comunicado la directora de la división de las Américas de HRW, Juanita Goebertus Estrada.
Apuntó que «estos hallazgos se enmarcan dentro de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos y abusos de poder en El Salvador».
Muyshondt, quien falleció bajo custodia estatal, fue detenido en agosto de 2023 acusado de los delitos de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y favorecimiento de la evasión en beneficio del expresidente Mauricio Funes (2009-2014).
El informe de HWR indica que los expertos concluyeron que el «nivel de desorganización» del registro hospitalario «representa una deficiencia significativa en el proceso de atención hospitalaria».
Señala que el registro hospitalario indica que Muyshondt falleció el 7 de febrero de 2024 y que «padecía múltiples problemas de salud como meningitis, hemorragia cerebral, fallo multiorgánico y cáncer de estómago».
Sin embargo, los expertos forenses concluyeron que los registros médicos «carecen de pruebas de laboratorio y radiológicas necesarias para confirmar estas condiciones».
Además, en el expediente no se incluyó «ninguna imagen radiológica que establezca que el Sr. Muyshondt sufría una hemorragia cerebral y si esta condición era el resultado de una enfermedad o un traumatismo».
Los forenses también determinaron, según HRW, que la investigación sobre la muerte de Muyshondt no se ajustó a «estándares internacionales para la investigación de muertes potencialmente ilícitas».
Los expertos recomiendan a las autoridades salvadoreñas «proporcionar el informe de la autopsia y los registros de la investigación a la familia y, si esta lo solicita, exhumar el cadáver para realizar nuevos estudios».
«La muerte de Muyshondt ocurre en un contexto de violaciones generalizadas de derechos humanos en El Salvador que no han sido investigadas ni judicializadas», apuntó Human Rights Watch.
El informe fue redactado, según precisó HRW, por Máximo Duque, cirujano y especialista en medicina y antropología forense; y James Lin, coordinador del Grupo Independiente de Expertos Forenses, conformado por 42 «destacados especialistas forenses independientes» y «referentes mundiales en la investigación médico-legal de la tortura, los malos tratos y las ejecuciones ilegales».
En julio pasado, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Morris Tidball-Binz, solicitó al Estado salvadoreño información sobre el caso de Muyshondt por las alegaciones de desaparición forzada, detención en régimen de incomunicación y posibles malos tratos.
