FMI condiciona $140 millones a El Salvador tras un año de retrasos del Gobierno
El acuerdo técnico alcanzado con el organismo internacional todavía no significa que el dinero esté disponible: el Gobierno debe cumplir acciones previas y esperar la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI
El Gobierno de Nayib Bukele logró finalmente destrabar una parte del programa financiero de aproximadamente $1,400 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), después de más de un año de retrasos en las revisiones previstas.
El organismo anunció el jueves que su personal técnico y las autoridades salvadoreñas alcanzaron un acuerdo para realizar de manera conjunta la segunda y tercera revisiones del programa de 40 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF).
El entendimiento permitiría acceder a unos $140 millones, equivalentes a 101.96 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG).
Pero el dinero todavía no está disponible.
El FMI dejó claro que el desembolso está condicionado a dos pasos: el cumplimiento de las acciones previas acordadas con el Gobierno salvadoreño y la aprobación posterior del Directorio Ejecutivo del organismo.
La diferencia no es menor. Después de meses de negociaciones, El Salvador tiene ahora un acuerdo técnico, pero todavía no tiene aprobado el siguiente desembolso.
Dos revisiones llegaron con meses de retraso
El calendario original del programa establecía que la segunda revisión debía completarse alrededor de septiembre de 2025, mientras que la tercera estaba prevista para marzo de 2026. Ninguna de las dos fue concluida en esas fechas, en lugar de realizarse por separado, ambas terminaron siendo negociadas conjuntamente.
El propio FMI confirmó que la primera revisión había concluido el 27 de junio de 2025, después de la aprobación del programa en febrero de ese año. Desde entonces, el siguiente tramo permaneció pendiente durante más de un año.
El retraso convierte el anuncio actual en un punto de inflexión para el programa, pero también deja en evidencia que el Gobierno salvadoreño no logró cumplir oportunamente todo el calendario de compromisos que acompañaba al financiamiento.
De $1,400 millones, solo se han desembolsado $232 millones
El programa aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI el 26 de febrero de 2025 contempla un acceso total de 1,033.92 millones de DEG, equivalentes aproximadamente a $1,400 millones.
Hasta ahora, el Fondo ha desembolsado 172.32 millones de DEG, eso significa que, antes del nuevo desembolso propuesto, el país había recibido alrededor de 16.7 % del financiamiento total contemplado en el programa.
El eventual desembolso de $140 millones elevaría sustancialmente el monto recibido, pero todavía dejaría una parte mayoritaria del programa pendiente. La cuestión central es que los recursos no se entregan automáticamente conforme transcurre el tiempo.
Cada revisión funciona como un punto de control.
El Gobierno debe demostrar avances en las metas cuantitativas y reformas estructurales acordadas con el Fondo antes de que el Directorio autorice los siguientes desembolsos.
¿Qué frenó el avance del programa?
El retraso no obedeció a una única condición. El programa contempla una agenda extensa de consolidación fiscal, pensiones, administración pública, gobernanza, transparencia, supervisión financiera y reducción de los riesgos asociados con Bitcoin.
El informe del FMI publicado tras la primera revisión ya advertía que El Salvador necesitaba acciones fuertes y creíbles para garantizar una consolidación fiscal sostenible, incluyendo reformas estructurales.
Entre ellas se encontraba una reforma del servicio civil para mejorar la gestión del empleo público, vincular remuneraciones con productividad y evitar expansiones innecesarias de la plantilla estatal.
A esto se sumaron los compromisos relacionados con el sistema previsional y con la transparencia de las operaciones estatales vinculadas con Bitcoin.
Pensiones: uno de los principales obstáculos estructurales
El nuevo acuerdo contempla que el Gobierno avance hacia una reforma paramétrica del sistema de pensiones en 2027.
El FMI también exige que se reconozcan las obligaciones derivadas del vencimiento del período de gracia para el pago de intereses adeudados a los fondos privados de pensiones.
Una reforma paramétrica puede implicar modificaciones en variables fundamentales del sistema, como los años de cotización, las tasas de contribución o las condiciones de jubilación.
Precisamente por su impacto social y fiscal, este es uno de los componentes más delicados del programa.
El problema previsional no es nuevo para las finanzas salvadoreñas: las obligaciones acumuladas del sistema ejercen presión sobre el presupuesto y sobre la deuda pública.
Por ello, para el FMI la reforma no representa únicamente una condición financiera. Constituye una pieza central para intentar garantizar la sostenibilidad fiscal de largo plazo.
El Estado también deberá reformar su administración
Otro de los compromisos pendientes es la modernización del servicio civil. El objetivo planteado por el FMI es mejorar la eficiencia de las instituciones públicas, elevar la calidad de los servicios y contener presiones futuras sobre el gasto.
La importancia de esta reforma radica en que el ajuste fiscal no puede depender únicamente de aumentar impuestos o reducir inversión.
El Fondo busca que una parte del esfuerzo provenga de una administración pública más eficiente y sostenible.
La meta fiscal será más exigente
El nuevo entendimiento establece una meta todavía más ambiciosa para las cuentas públicas. El superávit primario del Sector Público No Financiero deberá pasar de 2.9 % del PIB en 2026 a 3.7 % en 2027.
Ese objetivo está vinculado con la meta de la Ley de Responsabilidad Fiscal de reducir la deuda pública hasta 80 % del PIB para 2030. En términos sencillos, el Estado deberá generar una diferencia cada vez mayor entre sus ingresos y sus gastos antes del pago de intereses. Eso supone una presión importante para la política fiscal.
El Gobierno deberá mantener disciplina sobre el gasto y mejorar la recaudación, pero al mismo tiempo preservar recursos para infraestructura y programas sociales, tal como señala el propio FMI.
Bitcoin sigue dentro de la ecuación
Aunque el Gobierno ha reducido el alcance de la política original de Bitcoin, el tema continúa formando parte de las negociaciones con el FMI.
El organismo sostiene que la participación pública en la billetera Chivo se ha reducido sustancialmente y que la mayoría de la propiedad y el control operativo fueron transferidos a un operador privado. El Estado mantiene una participación minoritaria y la custodia de los activos de los clientes. Otro punto relevante es la acumulación de Bitcoin.
El FMI afirma que las adquisiciones realizadas desde la primera revisión corresponden a donaciones privadas y que no se utilizaron recursos públicos para acumular esas monedas.
El nuevo entendimiento establece además que no se espera una acumulación adicional de Bitcoin más allá de las donaciones documentadas.
Esta condición resulta especialmente significativa porque el programa original incluía el compromiso de que el sector público no continuaría acumulando Bitcoin.
En el acuerdo inicial, el Gobierno también se comprometió a no emitir ni garantizar deuda pública denominada o indexada a Bitcoin y a reforzar la transparencia sobre las criptomonedas bajo control estatal.
Transparencia: otra condición que continúa bajo vigilancia
El FMI también exige avances en materia de transparencia y gobernanza.
Entre los compromisos aparecen el fortalecimiento de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la publicación de declaraciones patrimoniales de altos funcionarios y una mayor transparencia sobre los beneficiarios finales de las empresas.
El organismo también reclama mejoras en la información financiera del sector público y en las instituciones responsables de la rendición de cuentas.
Estos compromisos son importantes porque el programa no está diseñado únicamente para solucionar un problema de liquidez.
El FMI pretende que el financiamiento vaya acompañado de cambios estructurales que reduzcan los riesgos fiscales y financieros del país.
El FMI reconoce una economía más fuerte
El nuevo informe no es exclusivamente negativo para El Salvador, por el contrario, el FMI sostiene que la economía ha superado sus previsiones.
El organismo calcula que el PIB real creció más de lo previsto en 2025 y proyecta una expansión de 4.5 % en 2026, impulsada por inversión y consumo privados, remesas, turismo y entradas de capital.
También atribuye parte de la mejora de la confianza de los inversionistas a las condiciones de seguridad y a la aplicación de políticas macroeconómicas destinadas a fortalecer los colchones fiscales y externos.
El reconocimiento es significativo porque demuestra que el retraso del programa no equivale a un diagnóstico de crisis económica por parte del FMI.
La situación es más compleja: existe crecimiento económico, pero simultáneamente persisten desafíos fiscales y estructurales que el organismo considera necesario resolver.
La paradoja del acuerdo: más crecimiento, pero también más disciplina
El nuevo entendimiento coloca al Gobierno frente a una paradoja:
La economía muestra mejores resultados de los que originalmente esperaba el FMI, pero precisamente esa mejoría no elimina la necesidad de continuar con el ajuste fiscal.
El Fondo considera necesario utilizar la actual coyuntura para fortalecer las reservas, reducir la deuda y crear espacio para afrontar futuros shocks, el objetivo es evitar que un período de crecimiento económico sea utilizado para aumentar permanentemente el gasto sin generar una mejora equivalente en la capacidad financiera del Estado.
El préstamo no está perdido, pero tampoco está desbloqueado completamente
El anuncio del 3 de septiembre cambia el escenario. Durante meses, la segunda y tercera revisiones estuvieron pendientes. Ahora existe un acuerdo técnico que abre la puerta a aproximadamente $140 millones.
Pero el Gobierno todavía debe completar las acciones previas, después deberá producirse la evaluación correspondiente y finalmente el Directorio Ejecutivo del FMI deberá aprobar el acuerdo, por ello, presentar el anuncio como si El Salvador ya hubiera recibido los $140 millones sería incorrecto. El dinero sigue condicionado.
El verdadero desafío comienza después del acuerdo técnico
La negociación alcanzada puede interpretarse como una señal de que ambas partes lograron superar los principales obstáculos que habían impedido cerrar las revisiones, sin embargo, también revela cuánto se ha desplazado el calendario original.
La segunda revisión debió realizarse en 2025 y la tercera en marzo de 2026. Ambas fueron finalmente agrupadas, el Gobierno ahora deberá demostrar que puede ejecutar oportunamente las nuevas medidas pactadas para evitar que la cuarta revisión vuelva a quedar atrapada en retrasos y ahí estará una de las claves del programa.
El FMI ha dejado claro que la implementación oportuna de las reformas es indispensable para consolidar la estabilidad macroeconómica, reducir la deuda y garantizar un crecimiento más inclusivo y liderado por el sector privado.
El Salvador vuelve a tener abierta la puerta del financiamiento del FMI, pero el episodio deja una lección fiscal: el acceso a los $1,400 millones no depende solamente de haber firmado el acuerdo, sino de cumplir en tiempo y forma las condiciones que lo acompañan.
Después de más de un año de retraso, el Gobierno ha conseguido poner nuevamente el programa en movimiento, ahora queda por comprobar si los $140 millones llegan efectivamente al país y si las próximas revisiones podrán cumplirse dentro de los plazos establecidos, especialmente en materias tan sensibles como pensiones, gasto público, servicio civil, transparencia y gestión de los activos digitales del Estado.
