FMI aprueba US$138 millones para El Salvador, pero la revisión deja pendientes Bitcoin, pensiones y deuda
El Directorio Ejecutivo aprobó las segunda y tercera revisiones del acuerdo de US$1,400 millones. El Fondo reconoce un crecimiento mayor al previsto, pero concedió dispensas por incumplimientos y mantiene bajo vigilancia la exposición estatal a Bitcoin
El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó este jueves la aprobación de las segunda y tercera revisiones del programa económico de El Salvador y autorizó un nuevo desembolso de 101.96 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos US$138 millones, dentro del acuerdo de 40 meses suscrito en febrero de 2025 por un monto total cercano a US$1,400 millones.
La decisión confirma que el programa continúa vigente, pero el documento del Fondo contiene una realidad más compleja que la sola liberación de recursos: El Salvador no cumplió todos los criterios establecidos originalmente y el FMI tuvo que conceder dispensas, mientras varias reformas consideradas importantes para la sostenibilidad fiscal permanecen pendientes.
El organismo, no obstante, sostiene que la economía ha tenido un desempeño superior al previsto y proyecta un crecimiento real del PIB de 4.5% para 2026, impulsado por la inversión, el consumo privado, las remesas, el turismo y los flujos de capital.
El desembolso es real, pero no significa que todas las metas fueron cumplidas
El comunicado del FMI confirma que el Directorio Ejecutivo completó formalmente las dos revisiones pendientes y habilitó inmediatamente los US$138 millones.
El acuerdo había sido aprobado el 26 de febrero de 2025 por 1,033.92 millones de DEG, equivalentes a aproximadamente US$1,400 millones. La primera revisión fue completada en junio de 2025. Las siguientes evaluaciones se retrasaron y terminaron siendo combinadas en una sola revisión correspondiente a la segunda y tercera etapas del programa.
La demora no fue meramente administrativa.
Antes de la aprobación definitiva, el FMI había anunciado que el Gobierno había solicitado dispensas por incumplimientos de criterios de desempeño y modificaciones de algunos parámetros del programa. Entre los asuntos pendientes estaban compromisos fiscales, reformas institucionales, pensiones y cuestiones relacionadas con Bitcoin.
El Directorio finalmente aceptó las dispensas y autorizó el desembolso.
Bitcoin: el punto que sigue sin estar completamente cerrado
Uno de los elementos más sensibles de la negociación continúa siendo Bitcoin.
El FMI afirma que algunos criterios de desempeño no fueron cumplidos, entre ellos uno relacionado con la acumulación de la criptomoneda. El organismo otorgó una dispensa después de considerar las medidas correctivas adoptadas y los nuevos compromisos asumidos por las autoridades.
La explicación presentada al Fondo sostiene que la acumulación registrada desde la primera revisión correspondía a donaciones privadas y no al uso de recursos públicos.
La diferencia es relevante porque una de las condiciones fundamentales del programa consiste en limitar la exposición financiera del Estado a Bitcoin y evitar que recursos públicos sean utilizados para aumentar las tenencias de la criptomoneda.
El FMI establece ahora una expectativa concreta: no deberían producirse nuevas acumulaciones de Bitcoin por parte del sector público, salvo las procedentes de donaciones documentadas.
Reuters destacó precisamente este punto al informar sobre la aprobación del nuevo desembolso, señalando que el Fondo continúa considerando la cuestión de Bitcoin como un asunto sensible dentro del programa.
Por tanto, la revisión no equivale a una desaparición del problema Bitcoin dentro de la relación con el FMI. Lo que cambia es el marco bajo el cual el Fondo permite que el programa continúe.
Chivo pasó a control privado, pero el Estado todavía conserva exposición
Otro cambio importante se produjo alrededor de Chivo, la billetera digital creada por el Gobierno cuando El Salvador convirtió Bitcoin en moneda de curso legal.
El FMI considera un avance que la propiedad mayoritaria y el control operativo de la plataforma hayan pasado a un operador privado.
Sin embargo, existe un matiz que puede perderse en los titulares: el Estado no desapareció completamente de Chivo.
El Gobierno mantiene una participación minoritaria y responsabilidades relacionadas con la custodia de los activos de los usuarios. El propio FMI señala que esa exposición pública residual debería ser eliminada progresivamente.
Esto significa que la llamada reducción de la participación estatal en el proyecto Bitcoin es significativa, pero todavía no equivale a una salida completa del Estado del ecosistema creado alrededor de la criptomoneda.
La deuda ofrece una lectura menos favorable de las cifras
El capítulo fiscal es probablemente uno de los elementos más importantes de la nueva revisión.
El FMI reconoce que la consolidación fiscal ha avanzado y que el Gobierno alcanzó los objetivos de liquidez y reservas con márgenes.
El superávit primario del sector público no financiero pasaría de 2.9% del PIB en 2026 a 3.7% en 2027.
Pero detrás de esa mejora existe otra cifra que merece atención: el FMI proyecta que la deuda pública, después de bajar hasta aproximadamente 85% del PIB en 2026, subiría nuevamente hasta 89.2% del PIB en 2027.
La razón aparece en una nota al pie de la propia tabla del Fondo.
Para 2027 se incorpora el reconocimiento de aproximadamente US$2,300 millones en intereses acumulados y no pagados a los fondos privados de pensiones.
Es decir, una parte importante de la aparente mejora fiscal de corto plazo no elimina las obligaciones acumuladas del Estado. Algunas de ellas reaparecerán en las cuentas públicas cuando finalice el período de gracia correspondiente.
La situación también explica por qué el FMI insiste en que la consolidación fiscal debe continuar.
Superávit primario, pero déficit fiscal global
Otra diferencia importante está entre el resultado primario y el resultado fiscal total.
El Gobierno puede presentar un aumento del superávit primario, que mide los ingresos frente a los gastos antes del pago de intereses.
Pero el FMI proyecta para 2027 un balance global del sector público no financiero equivalente a -7.7% del PIB, frente a -2.3% en 2026.
La diferencia muestra el peso que tendrán las obligaciones financieras y, particularmente, el reconocimiento de compromisos relacionados con el sistema de pensiones.
Por eso el Fondo insiste en la necesidad de mantener mayores superávits primarios, mejorar la administración tributaria, contener el gasto y avanzar en las reformas estructurales.
Pensiones: la reforma que todavía falta
La reforma del sistema de pensiones continúa siendo una de las piezas pendientes.
El FMI señala expresamente que, después de retrasos anteriores, las autoridades deberán avanzar con una reforma paramétrica del sistema de pensiones, además de reconocer las obligaciones derivadas del vencimiento del período de gracia sobre intereses relacionados con los fondos privados.
La cuestión es especialmente relevante porque el sistema previsional constituye una de las principales fuentes de presión fiscal de largo plazo.
Un informe previo del propio FMI ya había advertido sobre los desequilibrios del sistema público de pensiones y sobre el aumento de sus necesidades de financiamiento.
Por ello, el desembolso de octubre no debe interpretarse como el cierre de la negociación fiscal, sino como la continuación de un programa que todavía exige decisiones de fondo.
Servicio civil y gasto público
El segundo gran componente pendiente es la reforma del servicio civil.
El FMI considera necesario mejorar la administración pública, racionalizar el gasto y aumentar la eficiencia de la gestión estatal.
En documentos anteriores del programa se planteó que una reforma integral del servicio civil podría contribuir a reducir el peso de la masa salarial pública y establecer reglas más estrictas para contratación y remuneraciones.
El nuevo comunicado vuelve a colocar esta reforma entre las tareas pendientes.
Esto significa que parte de la consolidación fiscal prevista para los próximos años todavía depende de medidas que no están completamente ejecutadas.
Las reservas mejoran, pero el país sigue necesitando colchones externos
El FMI también destaca una mejora en las reservas internacionales y en los colchones de liquidez.
La tabla del organismo sitúa las reservas internacionales brutas en aproximadamente US$5,346 millones para 2026 y US$6,172 millones para 2027.
El fortalecimiento de las reservas es particularmente importante para una economía dolarizada, donde el país no dispone de una moneda propia que pueda utilizar para absorber determinados choques externos.
El programa, por ello, busca reconstruir los colchones externos y reducir vulnerabilidades financieras.
Crecimiento: el FMI eleva su escenario
La institución proyecta ahora un crecimiento económico real de 4.5% para 2026 y 4.0% para 2027.
El FMI atribuye el mejor desempeño a una combinación de mayor inversión, consumo privado, remesas, turismo, entradas de capital y una mejora de la confianza de los inversionistas.
La previsión es más elevada que otras estimaciones internacionales conocidas anteriormente. La CEPAL, por ejemplo, había proyectado en agosto un crecimiento de 3.9% para El Salvador en 2026, mientras que el rango del Banco Central de Reserva se encontraba entre 3% y 3.5%.
La diferencia no significa necesariamente una contradicción: las previsiones se elaboraron en fechas distintas y utilizan información diferente. Pero sí muestra que el FMI está trabajando ahora con un escenario de crecimiento considerablemente más favorable que el utilizado meses atrás.
¿Qué está comprando realmente El Salvador con el acuerdo?
El nuevo desembolso no representa simplemente US$138 millones disponibles para aumentar el gasto público.
El objetivo del programa es proporcionar financiamiento mientras el Gobierno corrige desequilibrios fiscales y externos, fortalece las reservas y ejecuta reformas.
El FMI exige que la política fiscal genere superávits primarios mayores y que la deuda siga una trayectoria sostenible. También demanda mejoras en administración tributaria, gestión de tesorería y deuda pública, regulación financiera y transparencia.
En ese sentido, los recursos del Fondo funcionan simultáneamente como financiamiento y mecanismo de disciplina económica.
Transparencia: otra condición que permanece abierta
El Fondo también pide avances en transparencia fiscal, declaraciones patrimoniales, identificación de beneficiarios finales de empresas, prevención del lavado de dinero y lucha contra la corrupción.
En materia de activos digitales, exige mayor transparencia sobre las tenencias de criptomonedas bajo control del sector público y cambios en el marco regulatorio de activos digitales.
El FMI también reclama modernizar la Ley de Emisión de Activos Digitales y fortalecer la supervisión de los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos.
Son elementos menos visibles que el monto del desembolso, pero forman parte del paquete de reformas que permitirá mantener el programa.
Una cifra que requiere precisión
En las primeras horas posteriores al anuncio circuló ampliamente una cifra según la cual los recursos desembolsados bajo el acuerdo habrían llegado a aproximadamente US$690 millones.
Ese dato aparece en un despacho de EFE reproducido por varios medios.
Sin embargo, las cifras publicadas por el propio FMI requieren una explicación adicional.
Antes de la nueva revisión, el registro financiero del Fondo mostraba 172.32 millones de DEG desembolsados bajo el acuerdo. El nuevo desembolso agrega otros 101.96 millones de DEG, para un acumulado de 274.28 millones de DEG.
Tomando como referencia la equivalencia utilizada por el FMI para el nuevo desembolso, esa cantidad representa aproximadamente US$371 millones, no US$690 millones.
Por ello, la cifra de US$690 millones no debería presentarse como desembolso directo del FMI sin explicar qué otros recursos financieros estarían incluidos. El propio Fondo fija el acceso total del SAF en aproximadamente US$1,400 millones y sus registros de préstamos permiten distinguir entre el monto aprobado y lo efectivamente girado.
La diferencia merece aclaración antes de convertirla en un dato definitivo.
No hay evidencia de un acuerdo secreto
La revisión de los documentos disponibles no muestra evidencia de una cláusula secreta o de un desembolso oculto.
Lo que sí existe son condiciones menos visibles detrás del anuncio: dispensas por incumplimientos, reformas retrasadas, reconocimiento futuro de obligaciones previsionales, reducción todavía incompleta de la exposición estatal a Bitcoin y exigencias adicionales de transparencia.
El FMI no está diciendo que todos los problemas económicos de El Salvador hayan sido resueltos.
Su conclusión es más precisa: el programa está produciendo avances, la economía está creciendo por encima de las previsiones anteriores y existen suficientes medidas correctivas para mantener vigente el acuerdo.
El verdadero examen comienza después del desembolso
La aprobación de los US$138 millones resuelve una etapa del programa, pero abre otra.
El Gobierno tendrá que avanzar en la reforma de pensiones, la reforma del servicio civil, la administración tributaria, la gestión de deuda, la transparencia fiscal y la reducción de la exposición estatal a los activos digitales.
Al mismo tiempo, tendrá que sostener el crecimiento en un contexto internacional que el propio FMI describe como incierto.
La pregunta económica que queda abierta no es solamente cuánto dinero recibió El Salvador, sino si el crecimiento previsto y el ajuste fiscal serán suficientes para reducir de manera sostenible la deuda mientras se reconocen las obligaciones acumuladas del sistema de pensiones y se completa la salida del Estado de las actividades relacionadas con Bitcoin.
El desembolso de US$138 millones confirma que el programa con el FMI continúa.
Pero los documentos de la revisión muestran que la parte más difícil del acuerdo todavía está en la ejecución de las reformas que vienen detrás del dinero.
