Fuentes al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) afirmaron, a condición de conservar el anonimato, que el Ministerio Público se prepara para presentar una demanda por enriquecimiento ilícito, actos de corrupción y otros delitos que sumarían unos 250 millones de dólares contra el primer presidente de la República por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Mauricio Funes Cartagena.
El ex presidente Funes se encuentra lejos del alcance de la ley salvadoreña mientras se protege con un asilo político que le ha extendido el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en acuerdo con funcionarios del Ejecutivo salvadoreño y del oficialista FMLN.
Los fondos, de los que Funes Cartagena sería responsable, incluyen el pago ilegal de $108.5 millones a la firma la firma italiana Astaldi SpA sin un respaldo legal sólido y sin claridad de quiénes fueron los responsables en un mal trato con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
El expresidente de la CEL, Leopoldo Samour, sería uno de los testigos criterios que atestiguan que las instrucciones de pagar fueron emanadas directamente de Funes Cartagena.
Además, a Funes Cartagena le aplicarían los mismos argumentos que se le aplican al ex presidente Elías Antonio Saca con respecto a la contratación de la propaganda del Estado.
Sólo que en este caso, la presidencia de la República decidió contratar libremente a la empresa llamada Polistepeque Comunicación y Marketing, filial en El Salvador de Polis Propaganda & Marketing, con sede en Brasil y cuyo propietario era Joao Santana y su esposa, ambos presidiarios en la actualidad. Santana estaba al momento considerado un especialista en comunicaciones, y en su currículum destacaba el haber limpiado la imagen del Partido de los Trabajadores del ex presidente brasileño Inazio Lula da Silva. El Hijo de Mauricio Funes, Carlos, habría sido el accionista oculto de la empresa.
Según el informante dentro del Ministerio Público, Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera Castellanos, quienes eran empleados de la Casa Presidencial durante la gestión presidencial de Funes, se estarían criteriando al declarar contra el efemelenista.
De acuerdo a documentos firmados por Patricia Zablah, compañera de trabajo de Funes mientras trabajaba en el canal 12 de televisión y entonces directora de prensa de la Casa Presidencial (Capres); Ricardo Marroquín, jefe de la UACI; y Lissette Mirón Cordón, asesora de publicidad de la Secretaría de Comunicaciones, bajo las órdenes de David Rivas, demuestran que para la Presidencia sólo Polistepeque “cumplía con los requerimientos”, por lo que procedía el proceso de contratación directa.
Funes avaló la contratación y ordenó que ministerios y autónomas le otorgaran su cuenta publicitaria a la empresa donde su hijo tenía intereses. Así fue como el 19 de noviembre de 2009 emitieron una resolución de contratación directa para la adquisición del “Servicio de Diseño, Producción e Implementación de Campaña a la sociedad que gira bajo la denominación Polistepeque Comunicación y Marketing”.
Polistepeque cotizó sus servicios en $4 millones en 2010, la Presidencia se lo aceptó sin reparos, e incluso el monto de varias contrataciones fue mucho mayor. Las utilidades anuales de la empresa rondaron los cinco millones de dólares, entre comisiones de medios y gastos de producción.
Mauricio Funes ordenó que, sin hacer un proceso de licitación pública, que 11 instituciones del Ejecutivo realizaran contratación directa de los servicios de publicidad con la empresa, entre estas el Ministerio de Educación (bajo las ordenes del actual Presidente, Salvador Sánchez Cerén), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Obras Públicas (bajo la administración del actual ministro, Gerson Martínez), Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Secretaría de la Cultura, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). El negocio se convirtió en, ya no en unos cuantos millones de dólares, sino que, en decenas de millones en utilidades.
Además, según la fuente, Funes sería responsable de la salida del erario público de millones de dólares como sobresueldos de sus funcionarios y autoridades de las entidades autónomas durante su administración.
Funes Cartagena, con la soberbia que le caracteriza, denunció en redes sociales que, según él, la estrategia de las autoridades salvadoreñas en su contra es el inculparlo en algún delito.
“Las acusaciones que están por venir en mi contra tienen como supuesta prueba las declaraciones de testigos con los que han negociado”, escribió el primer mandatario del país por el Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMLN).
Mauricio Funes acusa a la Fiscalía de haber “comprado” a testigos, concediéndoles la figura de criteriados.
“Ante falta de pruebas usarán testigos criteriados para acusarme de lo que sea. Los criteriados dicen cualquier cosa para salvar su pellejo”, escupió el asilado en Nicaragua.
El borrador de las denuncias contra el ex presidente Funes Cartagena estarían en poder del Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, para su autorización.
Comments are closed.