El expresidente de la República, Elias Antonio Saca, rechazó el miércoles el uso de la palabra en el último día del juicio contra él y otras siete personas por el desvío de 301 millones de dólares de las arcas del Estado.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador emitirá el fallo el 12 de septiembre.
Saca, de 53 años, así como tres de sus exfuncionarios más cercanos y tres exempleados de la Casa Presidencial están siendo enjuiciados por formar parte de una red de corrupción que él diseñó. El exmandatario y cinco de sus viejos colaboradores se declararon culpables durante el juicio para obtener una condena menor, mientras que otro se dijo inocente y decidió someterse al juicio ordinario.
Elmer Charlaix, exsecretario privado; César Funes, exsecretario de Juventud; y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones, aceptaron su culpabilidad. Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la unidad financiera de la Casa Presidencial, y Jorge Alberto Herrera, tesorero de la misma, también confesaron haber cometido los delitos, pero Pablo Gómez, contador del secretario privado de la Presidencia, acusado también de lavado de dinero y peculado, no aceptó declararse culpable.
El exmandatario y su exsecretario privado están siendo procesados por los delitos de peculado y casos especiales de lavado de dinero, por los que podrían haber recibido hasta 30 años de prisión. Sin embargo, con el acuerdo logrado el Ministerio Público ha pedido que a ambos se les imponga la pena de diez años, cinco por peculado y cinco por lavado de dinero, mientras que a Rank y Funes únicamente cinco años de cárcel por lavado de dinero.
La Fiscalía pidió que Gómez sea condenado a 16 años de prisión.
Según el acuerdo, además de cumplir la pena de cárcel, la ley obliga a los condenados por corrupción a compensar al Estado con los bienes que adquirieron con los fondos públicos.
La Fiscalía General pidió que el exmandatario, Charlaix, y tres exempleados de la Casa Presidencial devuelvan al Estado 300 millones de dólares como responsabilidad civil, y también pidió que Rank pague ocho millones y Funes 800.000 dólares, el monto que se asegura desviaron de los fondos públicos.
Las autoridades ya iniciaron el proceso de embargo de 35 propiedades, 46 vehículos y varias empresas de comunicación del expresidente. Entre los inmuebles incautados destaca la residencia de Saca en las cercanías del volcán de San Salvador, que calificaron de “suntuosa” y cuyo valor se estima en ocho millones de dólares.
Al juicio de Saca, que gobernó el país de 2004 a 2009, le seguirá el de Mauricio Funes (2009-2014), el cual está asilado en Nicaragua y habría robado más de 350 millones de dólares.
