El caso del colombiano José Potes, quien fuera admirador del presidente Nayib Bukele y que terminó encarcelado en El Salvador porque al tener un tatuaje fue señalado de ser pandillero, sería tan solo la ‘punta del iceberg’ de una compleja situación de violación de Derechos Humanos de colombianos que viajaron a El Salvador con el sueño de tener mejores oportunidades y que terminaron en una pesadilla tras ser encarcelados acusados de formar parte de esas estructuras criminales.
La Agencia noticiosa Infobae Colombia relata este lunes el caso de una agrupación de 21 familias de diferentes regiones de Colombia que tienen algún pariente privado de la libertad en una de las prisiones salvadoreñas y desconocen su situación actual, porque los tienen incomunicados.
Todos ellos son jóvenes entre los 20 y los 36 años que fueron detenidos por tener alguna característica con la que las autoridades de El Salvador, dentro del régimen de excepción de Bukele, consideraron que podrían ser pandilleros, como el hecho de tener tatuajes o vestir prendas que supuestamente usan los miembros de esas organizaciones criminales.
“A los muchachos que están allá, sin ninguna prueba, los meten seis meses a la cárcel mientras son investigados. Pero es que tienen también la maña de que pasa ese tiempo, los retienen por otro semestre porque no tienen pruebas dizque para investigarlo”, afirmó Xiomara Rodríguez, quien desconoce sobre qué ha pasado con su hermano desde que lo detuvieron a inicios de junio.
La mujer aseguró que a su familiar lo detuvieron por el tipo de tenis que estaba usando, porque para las autoridades salvadoreñas es el mismo calzado de los pandilleros.
“Si te ven parado en la esquina los policías tienen derecho a llevarlo solamente por ser sospechoso. A mi hermano lo capturaron el 1° de junio por sus tenis que aquí en Colombia se conocen como ‘caraeperros‘ (se refiere a los Adidas Superstar) y esas son las zapatillas de las pandillas”, relató Rodríguez.
Y aunque no contaban con mayor material probatorio, aparte del absurdo tema del calzado, se suponía que después de una semana lo dejarían en libertad, pero pasaron 15 días y Xiomara Rodríguez y su familia recibieron una nueva llamada por parte de las autoridades judiciales salvadoreñas con la que le informaban que su parientes estaría durante seis meses encarcelado mientras lo investigaban, sin permitirles ningún tipo de contacto.
“No dejan absolutamente nada. Ninguna familia ha podido comunicarse con ellos, no los dejan tener una llamada. No tenemos idea si ellos están bien. No tenemos seguridad si están con buena salud o enfermos”, agregó.
Protesta frente a la embajada de El Salvador en Bogotá
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Como Xiomara Rodríguez, son 21 familias las que están pasando por la misma preocupación de no conocer sobre la suerte de sus allegados, por lo que el próximo martes 11 y miércoles 12 de julio tienen programado llevar a cabo una velatón al frente de la sede de la embajada de ese país en Bogotá.
Además están pidiendo apoyo porque la mayoría de estas personas no cuentan con los recursos para viajar a la capital colombiana y protestar contra la delegación del Gobierno de Bukele en Colombia, así que la semana pasada radicaron una carta en la Presidencia de la República implorando por apoyo ante esta difícil situación que padecen sus familiares.
“Señor presidente, (Gustavo Francisco Petro), recurrimos a usted en medio de nuestra angustia, ya que somos personas de escasos recursos que no contamos con los medios para poder viajar a ese país, y poder tener conocimiento acerca de la situación jurídica y de salud de nuestros seres queridos. Por esto solicitamos que, a través de la Cancillería y el señor embajador en el país de El salvador, se pueda realizar la gestión para poder saber cómo se encuentran nuestros familiares”, solicitaron.
Recordaron que estas personas están en Centroamérica porque deseaban llegar a un país sin criminalidad en el que podrían encontrar un mejor futuro.
“Salieron (…) con la ilusión de tener una mejor vida para nosotros y por la propaganda que ha hecho el Presidente Bukele de ser un país seguro y con oportunidades de trabajo; emigraron con un sueño que se volvió una pesadilla ya que sus documentos han sido retenidos, y posteriormente fueron detenidos arbitrariamente (…) queremos exponer que nuestros familiares no tienen antecedentes criminales en nuestro país y que son jóvenes trabajadores, ellos están siendo acusados sin contar con una representación legal y/o jurídica”, señalaron en otro de los apartes de la misiva al presidente Petro.
Con información de Infobae
