A menos de dos meses de la fecha prevista para el comienzo del próximo mandato en Venezuela, Estados Unidos reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo del país caribeño.
En un mensaje publicado en X, el secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que “el pueblo venezolano se pronunció contundentemente el 28 de julio y nombró a Edmundo González Urrutia como presidente electo”. “La democracia exige respeto a la voluntad de los electores”, subrayó, a lo que el opositor “agradeció profundamente” la actitud y destacó que “este gesto honra el deseo de cambio de nuestro pueblo y la gesta cívica que juntos protagonizamos el pasado 28 de julio”.
La decisión de Washington de referirse así al ex diplomático la dio a conocer Blinken durante las reuniones celebradas en Río de Janeiro en el marco de la Cumbre del G20 y representa el reconocimiento más contundente del opositor, desde mediados de año. Hasta el momento, la Casa Blanca se había limitado a señalar que la Plataforma Unitaria Democrática había obtenido más votos que Maduro, pero sin utilizar términos concretos para hablar de la victoria.
Durante los encuentros, Blinken también aprovechó para destacar a los aliados la importancia de mantener la presión internacional sobre el régimen, para que reconozca su derrota y permita un retorno pacífico a la democracia en el país.
A finales de julio, Venezuela celebró sus elecciones presidenciales, que acabaron envueltas en denuncias de fraude por parte del pueblo y de la comunidad internacional. La oposición presentó actas oficiales en las que expuso el triunfo de González Urrutia, mientras que el chavismo se negó a presentar los datos oficiales recopilados por el Consejo Nacional Electoral y proclamó ganador a Maduro.
Desde entonces, Washington, junto con los aliados, han estado presionando al oficialismo de Caracas para que dé a conocer los documentos oficiales y reconozca, así, su derrota.
Ante la negativa de la dictadura, la Administración de Joe Biden comenzó a aumentar la presión sobre el país caribeño, algo que podría intensificarse desde el próximo 20 de enero, con la asunción de Donald Trump.
De hecho, este martes, como parte de esos esfuerzos, la Cámara de Representantes aprobó una ley que impide al Gobierno suscribir contratos con individuos o empresas que cooperen con el régimen. El proyecto, conocido como Ley Bolívar, se suma a sanciones ya vigentes y amplía su alcance a las áreas del Gobierno federal que aún no estaban incluidas en ellas.
Por medio de esta normativa, el legislador republicano Mike Waltz y su par demócrata Debbie Wasserman Schultz buscaron poner fin a los “intereses corporativos turbios que permiten la corrupción y el robo electoral” en el país.
“Esta legislación envía un mensaje claro y poderoso a Maduro, así como a otros dictadores de todo el mundo, de que no habrá apaciguamiento, no habrá tolerancia, no habrá recompensa por sus acciones ilegales y deshonestas”, apuntó Waltz, quien prometió también endurecer las sanciones contra el Palacio de Miraflores desde su posición como asesor de Seguridad Nacional de Trump.
“Nuestra política debe basarse en solidaridad con los valientes activistas que buscan romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda ni consuelo a sus opresores”, sostuvo.
En tanto, Wasserman Schultz dijo que “a menos que Estados Unidos se deshaga de los intereses corporativos turbios que permiten la corrupción y el robo electoral de Maduro, no podemos decir verdaderamente que estamos comprometidos con el pueblo venezolano”.
“No toleraremos la represión antidemocrática y, ciertamente, no la subsidiaremos”, insistió la congresista.
