La embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, dijo este miércoles que El Salvador será el que decidirá si crea o no una comisión internacional para combatir la impunidad (CICI), tal como lo sugirió el Consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, en su visita al país la semana pasada. La diplomática aseveró que el mensaje está claro pero que la decisión es de El Salvador.
La señora Aponte agregó que la idea surgió de un comentario que hiciera el consejero Shannon sobre la importancia de tener una comisión internacional contra la impunidad como en Guatemala, en cuyo país ha dado buenos resultados.
Explicó que Shannon solo sugirió que “sería inteligente de parte de El Salvador y Honduras, considerar gestionar ayuda internacional para la creación de un cuerpo legal que permitiera combatir la impunidad”.
Shannon expresó en esa oportunidad que cada país es el que decide qué instituciones son las que pueda crear para combatir la impunidad.
En su visita al país para ver los avances de la Alianza para la Prosperidad, se refirió a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creada en 2006 mediante un convenio del gobierno guatemalteco y las Naciones Unidas.
La Cicig es un órgano independiente con investigadores internacionales que sirve de apoyo a la Fiscalía y Policía y que ha destapado varios casos de corrupción en esa nación, que han derivado en renuncias como la de la vicepresidenta guatemalteca, Roxana Baldetti, quien está siendo investigada por supuestos vínculos con la banda La Línea.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, calificó la recomendación de Shannon como una medida “injerencista” y rechazó la idea de una CICIES para nuestro país; además, aseguró que la formación de esta sería inconstitucional.
El Magistrado de la Sala de lo Constitucional Rodolfo González, por su parte, negó durante un programa de opinión televisiva que la creación de un organismo como el comentado, pudiera ser inconstitucional.
La idea de la creación de una comisión internacional contra la impunidad no cayó en gracia a altos dirigentes del partido de Gobierno, al punto que han señalado que no es necesario establecer una entidad similar por existir ya las instituciones que investigan los casos de corrupción.
Recordó que en diciembre de 2010 se emitió una sentencia en la que establece la inexistencia del monopolio de la acción penal de la Fiscalía.
Aclaró que el establecimiento de una comisión internacional de esa naturaleza se aplicaría en caso de que las instituciones locales resultaren inoperantes, pero también consideró importante fortalecer las entidades que investigan la corrupción en el país.
