El voto que faltaba: Bukele rediseña el mapa electoral a diez meses de los comicios generales
La Asamblea aprobó el miércoles con los 57 votos oficialistas y los de sus aliados dar diputados propios a la diáspora. Suena a inclusión democrática. Los números de 2024 sugieren que también es el movimiento más inteligente del oficialismo antes de las elecciones de febrero de 2027
Hay reformas constitucionales que cambian la historia y hay reformas constitucionales que cambian los resultados electorales. La pregunta que El Salvador debería hacerse hoy —después de que la Asamblea Legislativa aprobara en tiempo récord la iniciativa que el presidente Nayib Bukele publicó la mañana del miércoles en sus redes sociales— es en cuál de las dos categorías cae la creación de una circunscripción legislativa especial para la diáspora salvadoreña.
O si, como suele ocurrir con los movimientos más audaces del bukelismo, cae en ambas al mismo tiempo.
Velocidad de rayo institucional
El presidente Nayib Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa el miércoles 29 de abril una reforma sobre la Constitución que permita que los salvadoreños que residen en el exterior cuenten con una representación en el Órgano de Estado. La iniciativa llegó a través de la cuenta oficial de la Presidencia en X con un mensaje que resumía la propuesta en términos de justicia histórica: «por primera vez la diáspora contará con diputados elegidos específicamente para su representación.»
La velocidad con que el sistema respondió fue reveladora. Al conocer la propuesta de Bukele, el presidente de la Asamblea, diputado Ernesto Castro, instruyó al equipo técnico redactar la pieza de correspondencia necesaria para formalizar la iniciativa y presentarla ante el pleno. «Presidente Bukele, esta Asamblea Legislativa está lista, vamos a iniciar con este proceso», dijo durante la sesión plenaria.
Y el proceso fue fulminante. La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó la reforma constitucional con el voto de los 57 diputados del oficialista partido Nuevas Ideas y sus aliados. La modificación al artículo 79 de la Constitución permitirá que haya una circunscripción electoral en el exterior para la votación legislativa. «Por primera vez nuestros hermanos de la diáspora tendrán una representación en este órgano de Estado, para hacer valer su voz y voto», afirmó Castro.
Una reforma constitucional —el tipo de cambio normativo que en democracias robustas tarda meses o años de debate, consulta pública y deliberación— fue procesada en El Salvador en horas, sin discusión. Desde la publicación en redes sociales del presidente hasta la aprobación en el pleno: el mismo día.
La justificación que presenta el gobierno tiene sustento real, y sería deshonesto ignorarlo.
El presidente Bukele señaló que actualmente hay tres millones de salvadoreños en el exterior y que de ellos más de 950,000 tienen domicilio registrado fuera del país. Ese hecho, dijo, refleja la dimensión de una comunidad que ya participa en el sistema político salvadoreño y que «hoy merece un reconocimiento estructural, con una representación específica por primera vez en la Asamblea Legislativa.»
El peso económico de esa comunidad es tan grande que resulta difícil argumentar en su contra. La mayoría de estos salvadoreños viven en Estados Unidos y sus remesas representan el 24% del producto interno bruto de El Salvador, siendo así la principal fuente de divisas en la economía, por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo. Una comunidad que financia una cuarta parte de la economía nacional y que hasta hoy no tenía voz legislativa propia tiene, efectivamente, un reclamo legítimo de representación.
La reforma modifica el artículo 79 de la Constitución para introducir el concepto de circunscripción electoral exterior, algo que no estaba contemplado anteriormente en la normativa. La representación de la diáspora se establecerá en proporción a su peso dentro del padrón electoral, garantizando un equilibrio en la distribución de la representación, según el comunicado oficial de la Presidencia.
El argumento de fondo es, en términos de teoría democrática, difícilmente rebatible: quien paga impuestos —o en este caso envía el equivalente de un cuarto del PIB nacional— merece representación. No taxation without representation, parafraseando el principio que fundó otra república.
Pero toda reforma tiene dos caras, y la segunda merece un escrutinio igualmente riguroso. Porque cuando se superpone la propuesta de hoy con los datos de las elecciones del 4 de febrero de 2024, emerge un patrón que va mucho más allá de la inclusión democrática.
El punto de partida es el comportamiento del voto exterior en 2024. En esas elecciones, el porcentaje de participación de la diáspora fue el más alto en la historia del voto exterior salvadoreño: 5.4% del universo electoral, frente al 1.9% máximo histórico anterior registrado en las presidenciales de 2014. El número de votos desde el exterior fue 955.6% mayor que en las presidenciales de 2019. Un salto exponencial que refleja tanto las facilidades del voto electrónico por internet como el entusiasmo de la diáspora por el proyecto Bukele.
¿Y a quién votó esa diáspora? El dato oficial no desglosa los votos del exterior por partido de forma transparente, pero la señal general es inequívoca: Bukele obtuvo el 84.6% de los votos válidos en las presidenciales y Nuevas Ideas capturó 54 de los 60 escaños de la Asamblea Legislativa. Los márgenes en el exterior fueron comparables o superiores a los nacionales. La diáspora salvadoreña —en su abrumadora mayoría— votó con el presidente.
Aquí emerge la pregunta que ningún comunicado oficial responde: si se crea una circunscripción especial para votantes cuya preferencia histórica documentada es masivamente favorable al partido gobernante, ¿cuántos escaños adicionales puede capturar Nuevas Ideas en las elecciones de febrero de 2027?
La lógica es directa: con 950,000 salvadoreños de domicilio registrado en el exterior —que podrían votar mayoritariamente por Nuevas Ideas según los patrones de 2024— y una representación proporcional a ese peso en el padrón, el oficialismo podría obtener escaños adicionales que la aritmética actual no le garantiza. Es una operación que amplía el universo donde Nuevas Ideas domina.
No es la primera vez que el Gobierno de Bukele impulsa reformas en materia electoral antes de celebrarse unos comicios. El historial es consistente y merece contexto.
En 2021, la Asamblea de mayoría oficialista redujo el número de diputados de 84 a 60, redibujando el mapa de circunscripciones de forma que concentró el poder en distritos donde Nuevas Ideas tenía ventaja estructural. En 2023, se aprobó la fusión de 262 municipios en 44, una reorganización territorial sin estudios técnicos publicados que también reconfiguró el mapa electoral. Las elecciones de 2024 enfrentaron cuestionamientos por múltiples irregularidades documentadas, incluyendo fallos tecnológicos en el sistema de escrutinio, duplicación de votos reportada por la oposición, y la exclusión de los votos del exterior del recuento inicial que se hizo público dos semanas después de los comicios.
Cada reforma electoral bajo el gobierno de Bukele ha tendido, sin excepción documentada, a favorecer al oficialismo. La de hoy no rompe ese patrón.
Se desconoce aún si la propuesta incluirá candidaturas presentadas fuera del país o si se utilizarán las mismas listas que los partidos proponen en El Salvador, sin que tampoco se haya especificado cuántos escaños se asignarán a la nueva circunscripción exterior. Esos detalles —que parecen técnicos— son en realidad el corazón político de la reforma.
Si los candidatos de la circunscripción exterior deben residir en el exterior, Nuevas Ideas tendrá que construir una estructura partidaria en Estados Unidos, donde vive la mayoría de la diáspora. Si pueden residir en El Salvador pero representar a votantes del exterior, el partido gobernante simplemente designará candidatos de confianza sin mayor complejidad logística.
El número de escaños tampoco es un detalle menor. Si la proporción es estrictamente matemática sobre el padrón actual —950,000 domicilios registrados de un padrón total de aproximadamente 5.5 millones de electores habilitados— la diáspora representaría alrededor del 17% del padrón, lo que en una Asamblea de 60 diputados equivaldría a unos 10 escaños adicionales. Diez nuevos escaños donde Nuevas Ideas partiría con ventaja estructural en 2027 es una variable electoral de enorme peso.
El dilema de los partidos opositores —Vamos, Arena, FMLN, y los demás fragmentos del sistema de partidos salvadoreño— es que oponerse a la representación de la diáspora es, políticamente, un suicidio de imagen. ¿Quién vota en contra de que tres millones de compatriotas tengan voz legislativa? ¿Quién se opone a que los que mandan remesas tengan diputados?
El movimiento de Bukele es, en ese sentido, un ejemplo de lo que los politólogos llaman «reforma hegemónica con cobertura democrática»: una medida que amplía formalmente los derechos de participación mientras al mismo tiempo reconfigura las reglas del juego en beneficio del actor que la impulsa. La oposición queda atrapada: si vota a favor legitima una reforma que la perjudica; si vota en contra queda como enemiga de la diáspora.
El resultado habla por sí solo: la reforma fue aprobada con 57 votos de los 60 legisladores. Casi unanimidad. Casi nadie quiso cargar con el costo de votar en contra de los que mandan remesas.
La reforma aprobada hoy en El Salvador contiene ambas cosas al mismo tiempo, y esa es precisamente su elegancia política.
Es una medida de inclusión genuina. Tres millones de salvadoreños que sostienen económicamente al país desde el exterior merecen representación legislativa directa. La canasta básica, las pensiones, la deuda pública, el régimen de excepción: todas las decisiones que toma la Asamblea afectan la vida de quienes envían remesas aunque no vivan aquí. Darles voz propia en ese proceso es, en abstracto, democráticamente correcto.
Es también, mirando los números con honestidad, el movimiento electoral más inteligente que Nuevas Ideas podría hacer a diez meses de las elecciones de febrero de 2027. Una circunscripción nueva, diseñada sobre un universo de votantes que en 2024 respaldó masivamente al presidente, controlada por reglas que el propio oficialismo redacta, aprobada por una Asamblea donde tiene mayoría absoluta, sin debate público previo, sin consulta ciudadana, sin estudio técnico publicado, en el mismo día en que se propuso.
Que ambas cosas sean ciertas simultáneamente no es una contradicción. Es, con toda precisión, la marca del estilo político de Nayib Bukele: hacer que lo conveniente parezca inevitable, y lo ventajoso parezca justo.
El Salvador tendrá diputados de la diáspora. Lo que falta saber es cuántos, bajo qué reglas y quién los elegirá realmente. Esos detalles llegarán después. Primero el titular. Siempre primero el titular.
