El Salvador tendrá su primer Censo Económico en décadas
El presidente Nayib Bukele firmó el viernes el decreto ejecutivo que ordena la realización del VIII Censo Económico de El Salvador y establece una Comisión Nacional del Censo encargada de coordinar el proceso. La medida marca un hito estadístico en el país centroamericano, que durante años acumuló un rezago histórico en la actualización de sus datos productivos.
El levantamiento censal permitirá mapear con precisión la estructura empresarial del país: cuántos negocios existen, en qué sectores operan, cuántos empleos generan y cómo se distribuyen geográficamente a lo largo de los 14 departamentos. El objetivo es conocer cómo los negocios y la actividad productiva se han expandido y generado empleos en los últimos años, una información que el Estado salvadoreño no posee de forma actualizada.
El Banco Central de Reserva (BCR), institución que desde 2022 asumió las funciones estadísticas del país tras la transferencia de la Dirección General de Estadística y Censos, será el rector técnico del proceso. El BCR ha completado ya el 100% de la actualización cartográfica y el precenso del territorio nacional, cubriendo los 14 departamentos a través de sus 18 sedes regionales, lo que sienta las bases para ejecutar el censo de manera ágil y ordenada.
El VIII Censo Económico se enmarca en una ambiciosa agenda estadística que el gobierno ha impulsado en su segundo mandato, en el que Bukele colocó a la economía como prioridad central. En 2026 también se realizará el Censo Agropecuario, que permitirá conocer la estructura del sector productivo básico para la seguridad alimentaria, y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que generará datos sobre condiciones de vida, alimentación y gasto en salud de las familias salvadoreñas.
La creación de la Comisión Nacional del Censo garantizará la coordinación interinstitucional entre ministerios, el Registro Nacional de Personas, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, los gobiernos municipales y otras entidades públicas que producen información estadística.
El decreto llega en un momento en que la economía salvadoreña muestra señales mixtas. El crecimiento económico al cierre de 2025 se proyectaba por encima del 4% según el propio Bukele, aunque organismos internacionales como el FMI mantienen estimaciones más conservadoras. Contar con datos censales actualizados será determinante para orientar la política pública, atraer inversión extranjera y diseñar programas de empleo con mayor precisión.
Según los estándares internacionales, todo país debe realizar un proceso censal al menos cada 10 años, una obligación que El Salvador no había cumplido con regularidad. El decreto firmado el viernes representa, en ese sentido, no solo un instrumento técnico, sino una apuesta de Estado por la transparencia y la planificación basada en evidencia.
