El Salvador mantiene su apuesta al Bitcoín y sube a 7,740 monedas sus reservas
El portafolio estatal supera los 7,740 bitcoines y alcanza un valor de más de $492 millones. La estrategia de acumulación contrasta con el compromiso asumido ante el FMI para contener la exposición del sector público al activo digital y mantener sin aumento sus tenencias
La reserva estatal de Bitcoin de El Salvador vuelve a situarse en el centro del debate económico mientras el Gobierno mantiene su estrategia de acumulación de la criptomoneda, un activo cuyo precio puede experimentar variaciones pronunciadas en períodos relativamente cortos.
Los datos divulgados por el portal oficial bitcoin.gob.sv sitúan las tenencias estatales por encima de 7,740 BTC, con un valor de mercado superior a $492 millones, según la cotización utilizada por la plataforma gubernamental.
El volumen acumulado contrasta con el compromiso adquirido por el Gobierno de Nayib Bukele dentro del programa financiero suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que establece límites explícitos a la acumulación voluntaria de Bitcoin por parte del sector público.
El asunto no es solamente contable. Una variación importante en la cotización de Bitcoin puede modificar en cuestión de horas el valor expresado en dólares de una reserva pública de cientos de millones de dólares, sin que el Estado haya realizado ninguna transacción adicional.
Una reserva expuesta a la volatilidad
Bitcoin no genera por sí mismo un flujo periódico de ingresos para el Estado, como ocurre con determinados bonos, préstamos o inversiones que pagan intereses. Su valor depende fundamentalmente del precio al que se negocia en el mercado.
Eso significa que una reserva valorada en $492 millones puede aumentar o disminuir significativamente sin que cambie la cantidad de monedas almacenadas.
Desde la perspectiva de las finanzas públicas, esa característica introduce un elemento de incertidumbre: el valor de mercado de los activos puede caer cuando el Gobierno necesite disponer de recursos o cuando las condiciones financieras internacionales sean adversas.
El propio FMI ha advertido sobre los riesgos fiscales y financieros asociados con Bitcoin. En su análisis sobre El Salvador, el organismo señaló que la exposición del Estado a los criptoactivos puede generar contingencias fiscales, problemas de gobernanza y riesgos para la protección de consumidores e inversionistas.
El Fondo también ha insistido en que esos riesgos pueden amplificarse ante episodios de deterioro en los mercados de criptomonedas.
El compromiso con el FMI
El punto más sensible de la estrategia salvadoreña no es solamente el valor de la reserva, sino la relación entre su crecimiento y el programa de financiamiento acordado con el FMI.
En el acuerdo de 2025, las autoridades salvadoreñas asumieron el compromiso de no acumular voluntariamente nuevos bitcoines a nivel del sector público durante el programa. El criterio tiene carácter continuo y contempla las adquisiciones y la minería como formas de acumulación voluntaria.
El acuerdo también establece que el Gobierno no emitirá ni garantizará deuda pública denominada o indexada a Bitcoin ni instrumentos tokenizados que impliquen obligaciones para el Estado.
El FMI incorporó estas condiciones al programa de 40 meses por $1,400 millones, cuyo objetivo es contribuir a fortalecer las finanzas públicas, las reservas y la estabilidad macroeconómica de El Salvador.
El propio FMI ya registró un incumplimiento
La discusión no parte de una hipótesis.
En su primera revisión del programa, publicada en 2025, el FMI registró que el criterio cuantitativo relativo a la acumulación voluntaria de Bitcoin por parte del sector público no había sido cumplido. El organismo lo clasificó como un incumplimiento menor y estableció una acción correctiva.
El episodio adquirió especial relevancia porque el Gobierno salvadoreño continuó anunciando adquisiciones de Bitcoin después de la aprobación del programa.
En marzo de 2025, por ejemplo, la Oficina Nacional de Bitcoin anunció la compra de una moneda adicional, elevando las tenencias reportadas a más de 6,100 BTC. Reuters informó entonces que el Gobierno había asegurado al FMI que los incrementos registrados eran compatibles con las condiciones acordadas, mientras el propio Fondo no explicó públicamente cómo las compras anunciadas por la Oficina Nacional de Bitcoin no incrementaban la exposición del sector público.
Una contradicción que requiere explicación
El problema económico surge de una pregunta sencilla: si el programa con el FMI establece que el sector público no debe acumular voluntariamente Bitcoin, ¿cómo debe interpretarse el aumento de las tenencias que aparece posteriormente en los registros oficiales?
La respuesta requiere distinguir entre una transferencia interna de monedas ya pertenecientes al Estado, movimientos de billeteras, activos provenientes de operaciones distintas a compras voluntarias y adquisiciones nuevas.
El propio FMI define el concepto de acumulación voluntaria y excluye, entre otros supuestos, los bitcoines obtenidos mediante confiscación, incautación, decomiso o custodia derivada de acciones de aplicación de la ley.
Por ello, el número de monedas registrado en una billetera estatal no basta por sí solo para demostrar una nueva compra.
La diferencia es fundamental para determinar si existe o no incumplimiento del programa.
El acuerdo redujo el alcance de la Ley Bitcoin
El compromiso con el FMI también produjo modificaciones sustanciales al modelo diseñado en 2021.
La reforma aprobada por la Asamblea Legislativa eliminó la obligatoriedad de aceptar Bitcoin como medio de pago y restringió su utilización dentro del sector público. Los impuestos pasaron a pagarse en dólares y el Estado dejó de asumir determinadas obligaciones relacionadas con la convertibilidad entre Bitcoin y la moneda estadounidense.
El FMI consideró que esas modificaciones habían permitido eliminar los principales elementos del estatus de moneda de curso legal y reducir algunos de los riesgos asociados al proyecto.
Pero el Fondo también dejó claro que la exposición estatal al Bitcoin debía permanecer limitada.
Una inversión cuyo valor puede cambiar sin aviso
La dimensión financiera del problema queda clara al observar la diferencia entre el número de monedas y su valoración.
Con más de 7,740 BTC, cada movimiento de $1,000 en el precio de Bitcoin representa aproximadamente $7.74 millones de variación en el valor bruto de la reserva.
Una caída de $10,000 por Bitcoin implicaría, bajo ese mismo cálculo, una reducción cercana a $77.4 millones en el valor de mercado del portafolio.
No significaría necesariamente una pérdida realizada, porque el Estado conservaría las mismas monedas mientras no las venda. Pero sí representaría una disminución sustancial del valor de los activos disponibles para respaldar las finanzas públicas.
Ese es precisamente uno de los riesgos que el FMI ha pedido contener.
La adopción entre los salvadoreños continúa siendo limitada
La expansión de la reserva estatal tampoco significa que Bitcoin se haya convertido en un medio de pago de uso generalizado entre la población.
El FMI concluyó en su análisis de 2025 que la adopción de Bitcoin no había producido mejoras visibles en inclusión financiera y que, pese a los recursos públicos destinados a subsidiar transacciones, la aceptación y utilización entre individuos y empresas permanecía mínima.
La situación resulta especialmente relevante porque el proyecto original de 2021 fue presentado como una herramienta para ampliar la inclusión financiera y facilitar las remesas.
Cinco años después, el desafío ya no consiste únicamente en determinar si Bitcoin puede subir de precio, sino en establecer qué utilidad económica concreta genera para las finanzas públicas y para la población frente a los riesgos que implica mantener una reserva estatal altamente expuesta a las fluctuaciones del mercado.
Transparencia, el otro frente pendiente
El acuerdo con el FMI también exige mayores niveles de transparencia sobre los activos digitales controlados por el Estado.
El programa contempla la publicación periódica de información sobre las tenencias de Bitcoin y de estados financieros relacionados con entidades públicas involucradas en el proyecto, además de un marco específico para administrar los activos digitales estatales y establecer políticas de gestión y reducción de riesgos.
En ese contexto, conocer cuántos bitcoines posee el Estado es solamente una parte de la información necesaria.
Para evaluar realmente la exposición fiscal sería necesario conocer también cómo fueron adquiridos, bajo qué entidad permanecen, cuál fue su costo de adquisición, qué movimientos se han realizado entre billeteras públicas, qué controles existen sobre ellos y qué tratamiento reciben en las estadísticas fiscales y macroeconómicas.
Una apuesta que sigue bajo escrutinio
El Salvador continúa siendo uno de los casos más singulares del mundo en materia de política pública relacionada con Bitcoin.
El Gobierno mantiene una reserva de miles de monedas y defiende la estrategia como una inversión de largo plazo. El FMI, por su parte, ha reconocido la necesidad de reducir los riesgos asociados con el proyecto y estableció límites precisos a la participación del sector público.
La discusión, por tanto, trasciende la pregunta de si Bitcoin subirá o bajará.
El verdadero debate económico es cuánto riesgo está dispuesto a asumir el Estado salvadoreño con recursos públicos y si esa exposición es compatible con los compromisos adquiridos para fortalecer las finanzas públicas.
Mientras la cotización de Bitcoin continúe sometida a fuertes fluctuaciones, una reserva estatal de más de $492 millones seguirá representando simultáneamente una potencial ganancia de capital y una fuente de riesgo patrimonial.
Y mientras el Gobierno mantenga una estrategia de acumulación que aparentemente aumenta el número de monedas bajo control estatal, la explicación de cómo esa política se concilia con el compromiso asumido ante el FMI seguirá siendo una cuestión de relevancia para las finanzas públicas y para los contribuyentes salvadoreños.
