“No soy delincuente y estoy seguro de que voy a salir libre. Soy inocente”, fueron las palabras de Alejandro Maximiliano González Jiménez, alias el “Gordo Max” al ser presentado ante la prensa.
El conductor de televisión y locutor de radio se defendió así de las acusaciones de participar como cliente de una red de trata de personas que prostituían a menores de edad.
“El Gordo Max”, llegó hasta la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) sin estar esposado como el resto de los implicados, pero las autoridades no dieron ninguna explicación de este trato para el conductor del popular programa de entretención familiar “Domingo Para T2”.
La subinspectora de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas de la PNC, Ana Herrera, confirmó que González, el empresario Dennis Regalado, y otros dos sujetos serán procesados por el delito de Remuneración por Actos Sexuales. De ser encontrados culpables, podrían ser condenados a ocho años de prisión.
“No soy delincuente”, reiteró González cuando él y el resto de los detenidos fueron presentados ante unos 50 periodistas que no pararon de hacer preguntas. Sólo González respondió. Los otros imputados se negaron a dar declaraciones, aunque aclararon que no se conocían entre sí.
“Esto es muy duro, muy duro, y confío en Dios y en la justicia. Me declaro inocente”, y enseguida agregó: “me he sentido un poco delincuente porque me aprendieron, pero quiero agradecer a la Policía Nacional porque han sido en parte buenos conmigo”.
Los periodistas siguieron formulando preguntas. González lucía nervioso y cuando alguien mencionó que lo acusaban de pagar por tener sexo con menores de edad, se puso serio y respondió: “No te voy a constar eso. Sobre el caso no voy a contestar nada, solamente sobre mi persona. Es difícil esto, es devastador, difícil para mi familia también y sólo le pido a Dios que se aclare esta situación”.
Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), González era uno de los clientes VIP de una red que se dedicaba a la explotación sexual de menores de edad.
La subinspectora Herrera explicó que las adolescentes de entre 13 y 17 años eran engañadas haciéndoles creer que trabajarían en modelaje y publicidad, pero en realidad eran vendidas como sexoservidoras, cuyas tarifas rondaban entre 50 y 300 dólares si eran vírgenes. Las niñas eran ofrecidas en páginas de internet y una de las víctimas informó que los servicios sexuales iniciaban por medio de conversaciones telefónicas y por WhatsApp.
La posible participación de González en esta red de trata de personas se mencionó por primera vez en agosto de 2014, cuando se capturó una banda que se dedicaba a prostituir a jóvenes con gente del medio. Sin embargo, durante la administración anterior del ex Fiscal General, Luis Martínez, se le concedió una serie de beneficios bajo la figura de “testigo criteriado”, por haber colaborado con la fiscalía.
Las investigaciones precisan que los hechos iniciaron en 2008 en perjuicio de una menor, quien se encontraba bajo régimen especial de protección y al momento de comenzar a ser involucrada tenía 13 años de edad.
En este caso se vincularon a cuatro tratantes, quienes cumplen diferentes condenas. Dichos delincuentes, en diferentes momentos, contactaron a la menor con los ahora detenidos.
