Por Mauricio Eduardo Colorado.-
Finalmente el caso CEL ENEL ha llegado a su finalización con una sentencia dada por el Juez de la Causa, quien entendiendo todos los por menores de una complicada situación política, comprendió que no existía caso, y resolvió sobreseer en las instancias civiles y penales a todos los implicados.
En resumen, el caso se reducía a que la CEL, entidad encargada de regular y comercializar la energía eléctrica que se produce en el país, con el objeto de lograr incrementar la producción de energía, celebró un contrato con la empresa ENEL, en el sentido de que ésta, a cambio de determinada cantidad de dinero, se comprometía a invertir en la infraestructura eléctrica, y por consiguiente, elevar la producción de energía.
Maliciosamente, o por ignorancia, surgió un problema de interpretación del acuerdo base, y lejos de resolverlo en forma amigable como se acordó desde un inicio, el gobierno se negó a cumplir el fallo del tribunal internacional, y demandó en un juicio en los tribunales de El Salvador. Lo grave del caso se produjo cuando la demanda se dirigió contra la Dirección Superior de la Cel incluyendo a sus Directores, e incluso al Ministro de Economía de la época, asesores y otros altos funcionarios.
De ahí que se le haya calificado de un caso de persecución política. (Para nadie es imposible de entender que cuando alguien tiene un buen proyecto y no tiene recursos lo lógico es buscar un préstamo o mejor aún buscar un socio con experiencia, que asegure que el proyecto funcionará para bien de ambos), pues acá en El Salvador, a ese arreglo que buscaba favorecer a ambas partes contratantes y mejor aún a los salvadoreños que serían beneficiados con la nueva electricidad que se adicionaría a la preexistente, se le dio una interpretación caprichosa y se quiso sugerir que los encargados de administrar esos recursos, habían traicionado a la patria y habían “vendido” los recursos naturales del país.
Los efectos de tan nefasta posición, son en dos vías: En primer lugar el negarse a aceptar el fallo del tribunal internacional que falló en contra de El Salvador, produce un efecto de desconfianza en los contratantes extranjeros que se dedican a hacer grandes obras en los países en desarrollo, que no tienen recursos ni la capacidad física ni económica para ejecutar grandes obras. En segundo lugar, aleja a los salvadoreños capacitados para ejercer cargos públicos, porque provocan miedo de que al terminar su período, vengan reclamos por parte de un nuevo gobierno que tenga otra ideología.
En El Salvador tenemos otro caso emblemático, como lo es la carretera Diego de Holguin, hoy nominado Boulevar Monseñor Romero, en el cual tenemos que se sustituye al titular por sospechas de malos manejos, se busca a otro para que repare los entuertos del sustituido, pero finalmente se demanda al sustituto para que responda por los entuertos por lo que fue sustituido el anterior, todo con amenaza de cárcel para él, pero sin riesgo para el sustituido.
