Si cada país de Latinoamérica y el Caribe destinara 0.33 por ciento del producto interno bruto (PIB) a cuidados para personas adultas mayores en situación de dependencia, sería posible reducir a la mitad esta carencia, y con un poco menos de uno por ciento se solucionaría, asegura el estudio de ONU Mujeres Financiamiento para la igualdad de género y la sociedad de los cuidados, propuesta desde América Latina y el Caribe.
El documento, emitido en el contexto de la cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que se realiza esta semana en Sevilla, España, indica que en países que priorizan el cuidado a domicilio, el esfuerzo sería menor dada la menor inversión por persona usuaria respecto a los cuidados en instituciones.
Para el caso de primera infancia, el análisis detalla que, por ejemplo México, tendría que destinar uno por ciento del PIB para cerrar la brecha en ese rubro en 50 por ciento y para la cobertura total requeriría de 2 por ciento.
Advierte que para el caso de la primera infancia, los esfuerzos económicos pueden ser mayores, pero ello depende mucho del punto de partida en el tema respecto a cada país, por lo que en países con niveles razonables de cobertura actual como el caso de México o de Uruguay, los esfuerzos financieros pueden ubicarse alrededor de uno por ciento del PIB para alcanzar a cerrar 50 por ciento de la brecha, mientras que para lograr atención total requeriría alrededor de dos por ciento
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No obstante, cuando los puntos de partida son desde niveles de alcance muy bajos, la inversión necesaria será mucho mayor, como en el caso, por ejemplo, de Panamá, donde las necesidades de inversión se ubican cerca de tres por ciento del PIB para cubrir la mitad.
El dinero invertido retornará bajo la forma de recaudación de impuestos directos e indirectos, y en el caso de la atención a personas adultas mayores en dependencia la tasa de autofinanciamiento, es decir, los ingresos fiscales generados por la expansión del servicio, pueden variar entre cinco por ciento del total invertido, como ocurre en El Salvador, hasta casi 30 por ciento en modelos más consolidados como el de México, detalla el estudio.
Sobre la inversión en primera infancia, los retornos fiscales son similares en el caso de Panamá.
El documento establece la urgente necesidad de repensar la arquitectura financiera desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental, pues las crisis climática y ecológica agravan las desigualdades, afectando de manera desproporcionada a mujeres, especialmente aquellas en situación de pobreza, rurales, indígenas o afrodescendientes que siguen enfrentando la estructurales y múltiples discriminaciones.
Con informes de La Jornada de México
