Estados Unidos rebajó el martes la alerta de viaje a El Salvador al nivel 1, el más bajo en su escala de advertencias, ante la disminución de la inseguridad y reconociendo que la acción de las pandillas ha disminuido en los últimos tres años.
El gobierno estadounidense recomienda ahora a sus ciudadanos que tengan “precauciones normales en El Salvador” y reconoce “una reducción de los crímenes violentos y homicidios”.
La decisión de Estados Unidos marca un cambio significativo en la evaluación que hace sobre la situación del país centroamericano. En noviembre de 2024, bajo la administración del expresidente Joe Biden, la alerta había pasado de nivel 3 a nivel 2 y el crimen seguía siendo una preocupación.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele celebró la calificación de la administración Trump: “Recibimos la estrella dorada de viajes”, dijo en sus redes sociales.
La actualización del nivel de alerta destacó que los empleados del gobierno de Estados Unidos que trabajan en El Salvador están autorizados a viajar alrededor del país durante el día. No obstante, debido a los riesgos, tienen prohibido viajar entre ciudades o departamentos por la noche.
No obstante, agrega excepciones: está permitida la movilización a cualquier hora entre San Salvador y su aeropuerto internacional, así como en el departamento de La Libertad, donde están los centros turísticos de playa más visitados del país.
Pese a la reducción de la alerta, Estados Unidos mantiene advertencias respecto del régimen de excepción, que “permite a las autoridades arrestar a cualquier persona sospechosa de actividad pandilleril”.
“Muchos ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros han sido detenidos bajo el régimen de excepción. Ellos permanecen en prisión y aún no han sido juzgados”, mencionó el reporte, sin dar más detalles sobre las personas capturadas.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, reconoció en X “los avances sostenidos en el área de seguridad ciudadana y la mejoría en la seguridad en general” como “un significativo paso hacia adelante”.
El Salvador tomó la decisión de imponer un estado de excepción hace tres años, después de que el país registrara 87 asesinatos en tres días. La política de mano dura de Bukele ha dejado como resultado la detención de más de 85.500 personas por cargos de pertenencia o asociación a pandillas.
Sin embargo, el propio gobierno ha reconocido que la mayoría de los detenidos se encuentran en prisión sin haber sido condenados y que 8,000 han tenido que ser liberados por falta de pruebas. En tanto, las organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que podría haber al menos 25,000 inocentes encarcelados.
Con el régimen de excepción se suspenden derechos constitucionales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Durante la vigencia del régimen de excepción, las organizaciones defensoras de los derechos humanos han registrado casi 6,900 denuncias de abusos a los derechos humanos en las cárceles, que van desde golpes, maltrato y crueldad, hasta abuso sexual.
El Salvador cerró 2024 con un mínimo histórico de 114 homicidios, un promedio de 0,3 asesinatos al día y sólo uno en el pasado mes de diciembre, ante lo cual Bukele aseguró que ahora es el país más seguro del hemisferio occidental.
