Por Eduardo Vázquez Bécker.-
En la arena política del nuevo gobierno y su gabinete de seguridad se está discutiendo sobre la pertinencia de dar a conocer las estadísticas de la violencia y el número de sus victimas, para lo cual ya se está hablado de una política de silencio.
Con el debido respeto al presidente Bukele, le recordamos que sería un absurdo imponer una política de silencio cuando él alcanzado su nivel de empoderamiento valiéndose de una herramienta dentro de las redes sociales y que una medida de esa naturaleza, sería algo así como un peñasco en el zapato que no lo dejaría descansar y aprovechar su valioso tiempo en buscar otra alternativas menos conflictivas para resolver los problemas del país.
Se asegura que durante su primera reunión, a la que convocó de urgencia, con su gabinete de seguridad, se planteó la conveniencia de no hablar de la escandalosa cantidad de muertos que aparecen a diario por todos lados del país e inclusive, un medio matutino aprovechó para decir que la Fiscalía General de la República (FGR) estaría en sintonía con esa determinación. Afirmación que no va acorde al actuar del fiscal Raúl Melara. Melara conoce los límites de la prudencia al divulgar hechos que deben ser conocidos por la ciudadanía, que es muy diferente a seguir una política de “esparadrapo” que en nada beneficia al Estado.
Lo cotidiano en materia de delincuencia es terrible, pero no es callando como se va a resolver. Tampoco es elogiando las bondades que supuestamente tienen los sistemas penitenciarios, máxime cuando las estructuras criminales tienen la capacidad de ser ellos quienes manejan esos sistemas.
La respuesta no es callar, la respuesta es investigar correctamente y diligenciar judicialmente esas investigaciones en un marco de respeto al debido proceso, la respuesta es hablar de lo que ocurre con mesura y sin protagonismos que conduzcan a la destrucción de las instituciones.
La política del silencio solo tiene sentido cuando lo contrario daña la moral y los derechos de las personas a ser informadas y a informar.
Posiblemente nos estemos equivocando y de lo que se trata sea de dar preferencia a los hechos por sobre las palabras; posiblemente se trate de simples temores de los nuevos funcionarios quienes no desean ser expuestos a exabruptos, criticados, insultados, o simplemente que no quieren caer en las redes del show de los grandes imperios multimedia. De todos modos, sea cual sea la forma que tome una política de silencio como la que supuestamente está implementando el gobierno, ello será una afrenta y un ataque a la libre expresión y a la libertad de prensa.
Seguramente, los hombres que mueven la política real de nuestro país a partir del pasado 1 de junio (Seguridad, Economía, Educación y la Ciencia) no sean conocidos del gran público, por esto todavía no figuran en las planas de los grandes diarios, con los efectos de la ideologización de los medios de información, sean quienes está promoviendo el silencio administrativo o simplemente sea que no quieren competir con el gobernante en el uso privativo de las redes sociales. Solo les recordamos que una labor escondida y silenciosa, es lo peor que podría ocurrirle a un gobierno que se debate entre el populismo y la popularidad y, que nuestra sociedad estaría siendo expuesta al mayor de los caos.
