La Corte Suprema de Justicia revocó el martes una medida cautelar y autorizó que los 24 diputados electos por el departamento de San Salvador tomen posesión de sus cargos luego de recibir un informe del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el cual concluyó el recuento de votos de las elecciones legislativas en esa región del país.
La Sala de lo Constitucional del máximo tribunal del país había ordenado el recuento de sufragios tras el amparo presentado por varios candidatos de tres partidos políticos, ya que consideraban que sus derechos habían sido vulnerados.
La Sala también ordenó que los 24 diputados electos por el departamento de San Salvador que ya habían recibido sus credenciales no tomaran posesión el 1 de mayo y que la Asamblea Legislativa funcionara con el resto de diputados electos, 60 de los 84 parlamentarios.
Esos 60 diputados nombraron la comisión de instalación presidida por el diputado Santiago Flores, del gobernante y ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que pidió a los legisladores que presentaran las credenciales y luego declaró un receso que durará hasta que se presenten los 24 diputados electos por el departamento de San Salvador.
En la sentencia de la Sala, los magistrados dicen haber estudiado el informe enviado por el Tribunal Supremo Electoral en el que se aclararon todas las dudas que se tenían hasta antes del recuento y que fueron expuestas por candidatos demandantes.
Según los resultados oficiales del Tribunal Electoral, en la nueva Asamblea Legislativa la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) tendrá 35 diputados, el FMLN contará con 31, la Gran Alianza por la Unidad Nacional sumará 11, el Partido de Concertación Nacional seis, y el Partido Demócrata Cristiano uno, pero ninguno lograría la mayoría simple —43 de los 84 diputados— necesaria para la aprobación de leyes o decretos.
Esta conformación de la Asamblea Legislativa obligaría a las fuerzas mayoritarias a buscar alianzas y sentarse a negociar con sus adversarios.
La mayoría calificada es necesaria para la aprobación de préstamos y la elección del fiscal general de la República, los magistrados de la Corte Suprema y la Corte de Cuentas.
