Los diputados de Nuevas Ideas ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), se adelantaran sus salarios por el resto del año. Esta acción se llevó a cabo justo antes de que El Salvador hiciera efectiva su salida del organismo regional.
El gobierno de Nayib Bukele anunció la salida de El Salvador del PARLACEN, un paso que se concretó a partir del 1 de septiembre de 2025. Sin embargo, días antes de esta fecha, varios diputados del partido oficialista, que representaban al país en el organismo, habrían recibido pagos adelantados.
La decisión de adelantar los salarios ha generado críticas por parte de la oposición y de analistas políticos, quienes señalan que la medida es una estrategia para asegurar los ingresos de los diputados antes de que pierdan sus puestos. La acción ha sido calificada como una falta de ética y un abuso de los recursos públicos.
Los diputados del PARLACEN gozan de un salario y de beneficios significativos, y su salida del organismo implica la pérdida de estos ingresos. La medida ha sido vista como un intento de mitigar las consecuencias económicas de la retirada del país.
El futuro del PARLACEN y las relaciones diplomáticas
La salida de El Salvador del PARLACEN ha sido justificada por el gobierno de Bukele como una medida necesaria para evitar la corrupción y la burocracia.
No obstante, la acción ha generado preocupación sobre el futuro de la integración regional y ha puesto en tensión las relaciones diplomáticas con los demás países miembros del organismo.
El caso de los salarios adelantados a los diputados de Nuevas Ideas es un recordatorio de los desafíos que enfrenta la política regional. La polémica ha abierto un debate sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos y sobre el compromiso de los políticos con sus ciudadanos.
«Él (Hernández) como presidente justo el momento en el que estaba discusión la salida de ellos, en el supuesto decreto que estaban presentando en la Asamblea Legislativa, estaba ordenando mediante Whatsapp a la administración que procediera a pagarle el mes de agosto y septiembre», aseguró el secretario del PARLACEN por Honduras, Jorge Jiménez.
Su versión coincide con lo narrado por otro directivo: «Hubo algo irregular porque resulta que en el mero momento que se estaba discutiendo la reforma en El Salvador, el presidente Carlos Hernández le escribió al secretario de finanzas para que le diera anticipo de dos meses. También habló por dos diputadas más», aseguró el diputado por Guatemala, y también secretario, Édgar Sis Bachán.
La irregularidad, según ellos, es que el diputado de Nuevas Ideas tuvo que haber solicitado ese anticipo por escrito y con la firma de dos miembros de la junta directiva.
«El tema aquí es que no se cumplieron con las firmas y el presidente, solamente por su por su calidad que se encuentra en el cargo, abusó prácticamente. Eso es irregular porque por muy presidente que sea, tampoco puede sobrepasar sobre las normativas», señaló Sis Bachán.
Según ambos directivos, el diputado salvadoreño aceptó en una plenaria que el cobro había sido irregular, pero señaló a la junta directiva de intentar bloquear su pago. Esto debido a que en una sesión extraordinaria celebrada el 1 de agosto, la directiva acordó congelar los salarios mientras se definía la situación de El Salvador.
Se llamó al diputado Hernández para conocer su versión de los hechos que señalan sus compañeros del PARLACEN, y pidió que se le enviaran las preguntas al Whatsapp, pero luego ya no respondió.
«Él aceptó muy claramente que no cumplió con la norma básica que establece este procedimiento, pero más allá de mostrar su intención por cumplir con la legalidad, se quiso victimizar frente al plenario queriendo interpretar que somos la directiva quienes los hemos sacado, cuando sabemos que es una acción de El Salvador», dijo Jiménez.
Un tercer diputado del PARLACEN coincidió con la versión de los dos directivos: «Ese fue un escándalo que hubo de corrupción porque cuando la Asamblea de El Salvador estaba tomando la decisión, a esa misma hora el presidente, sin cumplir con los requisitos, pidió el adelanto para él y dos diputadas de su partido. En la última asamblea plenaria, donde se reclamó eso, él planteó que se hizo ese adelanto casi por razones humanitarias», afirmó el diputado de Honduras Engels Pineda.
La directiva ha pedido una investigación para determinar responsabilidades. «Se debe de investigar y de ser necesario sancionar al financiero, puesto que no cumple con los requisitos que ya la norma básica le establece», dijo el secretario Jiménez.
Una salida a medias
«Si algo no funciona, pues se quita. Desarticulamos un modelo de corrupción. Pero, les cuento, la corrupción también está en otros países. Crearon el PARLACEN para sus políticos corruptos». Esas fueron las palabras del diputado de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, Geovanny Zaldaña, para justificar, en la plenaria del 31 de julio, una reforma constitucional para sacar a El Salvador del Parlamento Centroamericano.
Los diputados únicamente modificaron los artículos 80 y 133 de la Constitución de la República, que reconocían a los diputados del PARLACEN como funcionarios de elección popular, con iniciativa de ley en materia de integración centroamericana.
El 14 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador envió una comunicación al Parlamento Centroamericano notificando la denuncia inmediata del tratado constitutivo al PARLACEN.
Pero una semana después, el 21 de agosto, Cancillería envió otro escrito en el que dijo que la salida de los 20 diputados salvadoreños no sería inmediata, si no que lo harían bajo las normas de la Convención de Viena, que establece un proceso de al menos un año para dar por terminado el tratado. En la práctica, todos los diputados salvadoreños, que fueron electos hasta 2026, continúan en su cargo.
La junta directiva del PARLACEN acordó pedirle una opinión jurídica a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) para que sea esta la que dé los lineamientos a seguir. También envió una comunicación a El Salvador para que aclare si se saldrá también del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que es parte del mismo tratado constitutivo.
«Este convenio no tiene las características que establece la Convención de Viena ni los requisitos, porque este tratado constitutivo se hizo con la intención de que fuera irrenunciable para los países miembros», declaró Jiménez.
El diputado recordó que ya existe un antecedente parecido: en 2010, la Corte Centroamericana resolvió que Panamá no podía salirse unilateralmente del Parlamento Centroamericano.
En la nota del 21 de agosto, el país se comprometió con la junta directiva a cumplir con todas sus obligaciones durante el proceso de salida. El Salvador, según los directivos, tiene una deuda de casi un millón de dólares con el Parlamento.
«Utilizaron el PARLACEN para realizar un trasfondo de unas reformas constitucionales que no tenían nada que ver con la lógica del Parlamento y ahora, les han pedido a sus diputados hasta bajar el perfil mediático, para hacer creer a su país que ellos ya no se encuentran en el Parlamento», apuntó el secretario Jiménez.
