218 privados de libertad bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, han muerto en custodia del Estado, informó el mates Ingrid Escobar, directora de la organización civil Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
«Nosotros, como SJH, a fecha 2 de enero de 2024, tenemos en nuestros registros confirmada la muerte de 218 salvadoreños durante el régimen de excepción», explicó Escobar a periodistas.
Solamente el 6 % de las personas fallecidas en centros penales había sido perfilada de supuestamente pertenecer a pandillas, mientras que el 94 % no, indicó.
«Ninguno había sido condenado, todos estaban en fase de investigación, algunos esperando la audiencia especial de revisión de medidas, que nunca llegó», añadió la activista de oposición.
Apuntó que «entre estos fallecidos hay principalmente agricultores, jornaleros, sindicalista, jóvenes, 12 mujeres» y agregó que todos eran de escasos recursos.
Según ha sido informada, la activista advirtió que «el 60 % han sido muertes violentas», dado que «hay señales de tortura, de golpes, estrangulamiento» y otro 30 % no recibió atención médica adecuada.
De estas muertes, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo a mediados del 2023 que se archivaron 142 casos, porque «no constituyen delito».
El régimen de excepción se ha ampliado en 21 ocasiones por periodos de 30 días a petición del Gobierno.
La cantidad de muertes violentas en el país comenzó a descender después de 2015, año que se colocó como el más violento en la historia reciente salvadoreña con 103 homicidios por cada 100.000 habitante, y la caída se acentuó en 2019, cuando comenzó la administración de Nayib Bukele.
Amnistía Internacional (AI) advirtió a inicios de diciembre que la «violencia» ejercida por el Estado salvadoreño», en el marco del un régimen de excepción «reemplaza gradualmente» a la ejercida por las pandillas en las comunidades empobrecidas.
