Cuatro años bajo Régimen de Excepción: Asamblea aprueba prórroga número 48
Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó el martes la cuadragésima octava prórroga del Régimen de Excepción. Con esta decisión, el país marca un hito jurídico y político: el cumplimiento de cuatro años consecutivos bajo una suspensión de garantías constitucionales, desplazando de facto el marco legal ordinario en favor de una normativa de emergencia prolongada e indefinida.
Lo que inició el 27 de marzo de 2022 como una respuesta inmediata a una escalada de violencia homicida, se ha transformado en el eje permanente de la política de seguridad del Estado. La nueva extensión, que entrará en vigor el 2 de marzo de 2026, mantiene suspendidos derechos fundamentales como:
- El derecho a la defensa técnica inmediata tras una detención.
- El plazo máximo de 72 horas para la detención administrativa (extendido hasta 15 días).
- La inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial.
El Gabinete de Seguridad justificó la solicitud señalando que, bajo este marco, se han capturado a más de 91,200 personas señaladas como miembros o colaboradores de estructuras criminales.
«El Régimen de Excepción es la herramienta que nos ha permitido devolver la paz a las comunidades. No vamos a retirar la medida mientras exista el riesgo de que las estructuras intenten reorganizarse», sostuvo el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, durante la presentación de la pieza de correspondencia con la que se solicitó la ampliación.
Según datos oficiales y de acuerdo a la propaganda del gobierno de Nayib Bukele, esta estrategia ha permitido que El Salvador mantenga una tasa de homicidios mínima, acumulando más de 1,000 días sin muertes violentas desde el inicio de la administración, una cifra sin precedentes en la historia reciente de la región.
Organismos internacionales y analistas jurídicos locales han señalado que la naturaleza de un «régimen de excepción» es, por definición, temporal y extraordinaria. Sin embargo, tras 48 aprobaciones consecutivas, expertos advierten que El Salvador ha instaurado un modelo de justicia punitiva que opera fuera de las convenciones procesales estándar.
Puntos de controversia:
- Sostenibilidad jurídica: La persistencia de la medida plantea interrogantes sobre cuándo se restablecerán las garantías del debido proceso.
- Condiciones carcelarias: El hacinamiento en centros como el CECOT sigue siendo punto de observación por parte de organismos de derechos humanos.
- Apoyo popular: A pesar de las críticas técnicas, las encuestas de opinión pública mantienen un respaldo superior al 80% hacia la medida, debido a la drástica reducción de la extorsión y la violencia en los barrios.
La prórroga 48 garantiza que la suspensión de garantías esté vigente durante todo el mes de marzo de 2026. Mientras el Ejecutivo insiste en que el régimen finalizará «cuando el último pandillero esté tras las rejas», la realidad jurídica indica que El Salvador ha reconfigurado su sistema de justicia penal, donde la excepción se ha vuelto, durante cuatro años, la regla general.
