Congreso de EE.UU convoca audiencia sobre el régimen de excepción salvadoreño
La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos convocó una audiencia sobre la medida que cumplió recientemente más de cuatro años de vigencia ininterrumpida y que enfrenta acusaciones sin precedentes ante instancias internacionales
El régimen de excepción instaurado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele llegó el sábado al Capitolio de Washington. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos realizará una audiencia sobre el régimen de excepción de El Salvador, en una sesión que se produce en el momento de mayor presión internacional sobre la medida desde su aprobación en marzo de 2022.
La audiencia se enmarca en un contexto de escalada en la documentación de abusos. La Asamblea Legislativa salvadoreña prorrogó el régimen hasta el 30 de abril de 2026 Asamblea Legislativa, lo que representa la prórroga número 49 de una medida concebida inicialmente como extraordinaria y transitoria que se ha convertido, en la práctica, en un instrumento permanente de gobierno.
El origen y la mecánica del régimen
La medida hunde sus raíces en una jornada de violencia excepcional. El Congreso salvadoreño aprobó el régimen de excepción a finales de marzo de 2022 después de que, en un solo día, las pandillas asesinaran a 62 personas en todo el país. Según las autoridades, estos grupos operaban entonces en el 90% del territorio, imponían su propia autoridad, extorsionaban y cometían homicidios.
Desde el punto de vista jurídico, la medida supone una transformación sustancial del marco de garantías. El estado de excepción suspende derechos como el de conocer los motivos de la detención y el acceso inmediato a un abogado. Además, permite a las fuerzas de seguridad intervenir telecomunicaciones sin orden judicial y amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención sin audiencia. El Congreso salvadoreño también reformó el Código Penal para tipificar como delito la pertenencia a una banda delictiva, con penas de entre 20 y 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
El saldo cuantitativo presentado por el gobierno es considerable: las autoridades reportan más de 91,650 personas detenidas bajo la acusación de integrar pandillas o colaborar con ellas.
La acusación más grave: crímenes de lesa humanidad
La audiencia en Washington llega semanas después de que el expediente internacional contra el régimen alcanzara su punto más crítico. El 9 de marzo de 2026, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) presentó su informe final titulado «El Salvador en la encrucijada: Crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública».
Las cifras documentadas revelan la magnitud del problema: la aplicación del régimen ha derivado en la detención sin debido proceso de más de 90,000 personas. El propio presidente Bukele aceptó públicamente que al menos 8,000 personas detenidas eran inocentes. Hasta agosto de 2025 se documentaron 403 muertes bajo custodia estatal, incluidos cuatro niños, y hasta febrero de 2025 se registraron 540 casos de desaparición forzada.
El informe, elaborado por cinco juristas de reconocimiento internacional, no deja margen de ambigüedad en su conclusión principal. El documento señala que el régimen de excepción ha permitido al gobierno concentrar el poder absoluto, al amparo del cual se han cometido violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, y advierte que las situaciones de emergencia no pueden justificar la suspensión de derechos humanos inderogables ni el desmantelamiento de los principios esenciales del Estado de derecho.
Ante los señalamientos, funcionarios del gobierno mantienen un discurso negacionista. La vicecanciller Adriana Mira rechazó categóricamente la existencia de los crímenes de lesa humanidad y catalogó las denuncias como «narrativas» alejadas de la realidad, afirmando que en El Salvador no hay detenciones arbitrarias ni desapariciones forzadas.
Las voces críticas en Washington
La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, instancia bipartidista de la Cámara de Representantes, ha sido el principal foro del Congreso estadounidense para examinar el expediente salvadoreño. En audiencias anteriores sobre el mismo tema, sus integrantes marcaron el tono del debate. El congresista Jim McGovern planteó que el Gobierno de El Salvador ha respondido a una crisis de derechos humanos creando otra: el desmantelamiento del Estado de Derecho, y fue enfático al señalar que «popular no es igual a correcto» frente a quienes argumentan el amplio respaldo ciudadano del gobierno.
El frente legislativo estadounidense ha ido más allá de las audiencias. Veintiocho miembros del Congreso, liderados por el representante Jim McGovern, enviaron una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional exigiendo información sobre los entre 30 y 40 migrantes salvadoreños trasladados en secreto al Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT) de El Salvador junto con más de 200 venezolanos, cuestionando la legalidad del pago de al menos 4,75 millones de dólares realizado por Estados Unidos al gobierno salvadoreño por ese concepto.
La paradoja del apoyo popular
El punto de mayor tensión en el debate es la contradicción entre la denuncia internacional y la percepción doméstica. Alrededor del 85% de la población salvadoreña respalda la continuidad del régimen, y la aprobación presidencial alcanzó un 91,9% a finales de 2025, impulsada principalmente por la mejora en seguridad. Según la encuestadora LPG Datos, el 70,3% de los salvadoreños identifica la seguridad como el principal logro del Ejecutivo, mientras que apenas el 2,2% señala las capturas arbitrarias entre sus fracasos.
En paralelo a este respaldo, el régimen ha impulsado cambios constitucionales de largo alcance. La Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas, aprobó en marzo de 2026 una reforma constitucional que permite las penas perpetuas de prisión para homicidas, violadores y terroristas, la primera modificación de ese artículo de la Constitución desde su redacción original.
Las recomendaciones internacionales
Ante la envergadura de las denuncias, los organismos internacionales han fijado un conjunto de exigencias concretas. El GIPES insta a la creación por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de una misión internacional de determinación de hechos, e insta a los Estados partes del Estatuto de Roma a considerar remitir la situación al fiscal de la Corte Penal Internacional. A las autoridades salvadoreñas, el grupo les recomienda establecer una comisión independiente de revisión de casos de personas detenidas, poner fin al estado de emergencia y revertir las reformas penales contrarias al derecho internacional que lo acompañan.
El gobierno salvadoreño, por su parte, no ha respondido públicamente a la audiencia del Congreso de Estados Unidos. La misma actitud adoptó en ocasiones anteriores: cuando la Comisión Tom Lantos convocó sesiones similares en el pasado, el gobierno salvadoreño no emitió declaraciones acerca de las mismas y no respondió a las consultas de los medios de comunicación.
