Por Mauricio Eduardo Colorado. Por fin, y después de cuatro largos meses de retraso injustificado, la Asamblea Legislativa nombro a los magistrados que conformarán, por nueve años, la importante Sala de lo Constitucional, que algunos abogados, y muchos ciudadanos, consideran el tribunal más importante de nuestro órgano judicial, ya que es el encargado de preservar y hacer valer, los derechos básicos del sistema de gobierno, democrático y representativo.
Tuvimos la oportunidad de escuchar declaraciones de algunos de los nuevos funcionarios, declarando en resumen, que tomaban distancia del actuar de la anterior Sala, y de su independencia de algunas instituciones que de alguna forma, ejercieron presión sobre dicha sala, para obtener resultados políticos favorables a “la derecha”.
Para algunos, lo que se pretendía dejar claro, fue que la recién nombrada Sala, no tiene ni tendrá compromisos con grupos, ni partidos políticos que influyen en la toma de decisiones, y consecuentes sentencias que puedan generar dudas sobre una visión política determinada de los nuevos funcionarios.
En nuestra opinión, y la de algunos colegas y particulares con quienes hemos intercambiado comentarios, la declaración periodística expresada por el recién nombrado magistrado, no dejaba de ser innecesaria, ya que todo el mundo supone, que las decisiones del cuerpo colegiado, en toda época, deberán ser independientes y conformes con los criterios y espíritu plasmado en la Constitución.
Nuestra sociedad civil está en estos momentos atravesando por una época difícil, a escasos días de una trascendental elección presidencial, que a la larga determinará el futuro del país, y con ello de sus habitantes, para buscar el bienestar del mayor número de los pobladores de este sagrado territorio.
De hecho, no se trata de que ésta o cualquier otra Sala futura, actúe “contra” lo que la Sala anterior sentenció, ni se trata de modificar el derrotero de la nación por medio de sentencias que afecten en determinada forma al sistema de gobierno, puesto que la principal función de la Sala no tiene objetivos políticos, más que la defensa de los derechos que la máxima ley, concede a su población. Dicho de otra manera, aunque los magistrados de la Sala sean otros diferentes a los que estuvieron, la Ley Primaria, o sea la constitución, es la misma, y debe respetarse para hacer una buena labor que satisfaga las necesidades de los súbditos de la nación.
Entendemos Que la actual Sala recién nombrada, estará actuando dentro del mismo marco conceptual de la misma Constitución, por lo cual las sentencias deben ser concordantes con las de la Sala anterior, y las variaciones de criterios, no serán profundas y por lo tanto favorecerán a los usuarios y ciudadanos que acudan implorando o exigiendo justicia.
El problema del atraso judicial se verá en alguna forma acrecentado, por los cuatro meses de retraso en el nombramiento, lo cual exige y reclama, que los nuevos magistrados tomen conciencia de la premura con que deben asumir sus responsabilidades para acoplarse al concepto de que la justicia para que sea efectiva debe ser pronta.
Definitivamente tenemos la esperanza que los nuevos magistrados se desliguen de los sectores políticos y cumplan sus funciones sin compromisos, más que con el que su conciencia les dicte. Debe recordarse que el poder judicial, tiene sus orígenes en la separación de poderes entre los órganos.
El Ejecutivo, con una misión, el Legislativo, con otra muy diferente, y el Judicial, con la más sagrada: impartir justicia. Adelante entonces, señores magistrados, El Salvador, se los agradecerá.
