La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador dejó sin efecto la obligación del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) de pagar 260 millones de dólares dictada en un juicio por malversación de fondos y dejó la decisión final en manos de una corte civil.
La decisión fue tomada luego de absolver a dos expresidentes y personalidades de la política nacional en el caso de donaciones de Taiwán.
Saca fue condenado en 2018 a 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero, por lo que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador le ordenó pagar 260 millones como responsabilidad civil.
Los jueces también condenaron a otros seis excolaboradores de Saca en el Gobierno, quienes debían pagar el monto restante para completar los 300 millones de dólares que Saca confesó haber desfalcado del presupuesto estatal.
La Cámara decidió que dicha responsabilidad civil dictada en septiembre de 2018 de forma «concreta» pase a «abstracta», por lo que deberá resolverse en otro tribunal.
El Código Procesal Penal señala que al establecerse esta responsabilidad en «abstracto», la «liquidación de la cuantía» le compete a un juzgado civil.
Los jueces argumentaron que el falló únicamente se basó en la «pericia financiera contable» y que esta «no determina de forma exacta el monto por el que debían responde los imputados», dado que «tuvo limitaciones».
La corte de apelaciones habilitó a la Fiscalía General de la República (FGR) para «iniciar acciones en un juzgado civil».
Por otra parte, lo jueces modificaron el falló penal y redujeron la pena a los exempleados de la Casa Presidencial (CAPRES) Pablo Gómez y Francisco Arteaga.
Gómez fue condenado a 16 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero, pero la referida cámara le redujo la pena a poco más de un año, únicamente por el blanqueo de fondos.
Mientras que Arteaga, sentenciado a 6 años por los mismos delitos, solo deberá purgar 3 años de prisión por lavado.
Los magistrados modificaron el «grado de participación» de estas dos personas y del exempleado de CAPRES Jorge Herrera, y lo pasaron de «coautores» a «cómplices».
Arteaga se desempeñaba como gerente financiero de la Presidencia, Herrera como jefe de la Tesorería del Gobierno y Gómez como auxiliar.
En este proceso también fue condenado a 10 años el exsecretario privado de la presidencia Elmer Charlaix, mientras que los exsecretarios de Juventud y Comunicaciones, César Funes y Julio Rank, a 5 años de cárcel.
