Bukele revela su patrimonio por primera vez en siete años de gobierno
Hasta este lunes no existe información pública completa y verificable sobre el estado patrimonial detallado de Bukele antes de asumir la Presidencia en junio de 2019, lo que impide establecer comparaciones oficiales precisas sobre la evolución total de sus bienes durante el ejercicio del poder
El presidente Nayib Bukele reveló públicamente por primera vez desde que llegó al poder en 2019 el detalle de su patrimonio personal, el cual asciende a más de 4.4 millones de dólares, según información divulgada el lunes en un nuevo portal habilitado por el Ministerio de Hacienda tras la entrada en vigencia de la Ley Anticorrupción.
La publicación constituye el primer acceso público oficial al estado patrimonial del mandatario durante sus siete años al frente del Ejecutivo salvadoreño, ya que hasta ahora las declaraciones entregadas a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia permanecían bajo reserva y sin acceso ciudadano.
Los registros divulgados por Hacienda muestran que Bukele reportó activos por 4,561,160.23 dólares y pasivos por 94,681.99 dólares, lo que deja un patrimonio neto de 4,466,478.24 dólares.
La información fue incorporada al nuevo sistema electrónico denominado “Consulta Activos y Pasivos”, habilitado como parte de las obligaciones establecidas en la reciente Ley Anticorrupción aprobada por la Asamblea Legislativa dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas.
Aunque el gobierno presentó la normativa como una herramienta de transparencia y combate a la corrupción, la divulgación del patrimonio presidencial también ha reactivado cuestionamientos sobre la falta de información pública disponible durante los años anteriores de administración.
Hasta este lunes no existe información pública completa y verificable sobre el estado patrimonial detallado de Bukele antes de asumir la Presidencia en junio de 2019, lo que impide establecer comparaciones oficiales precisas sobre la evolución total de sus bienes durante el ejercicio del poder.
Diversos sectores políticos y organizaciones de transparencia habían solicitado durante años acceso a las declaraciones patrimoniales de altos funcionarios, argumentando interés público en conocer posibles variaciones de riqueza durante el desempeño de cargos estatales.
La divulgación ocurre además en un contexto marcado por crecientes exigencias internacionales de transparencia fiscal e institucional. La publicación de patrimonios forma parte de compromisos asumidos por el gobierno salvadoreño dentro del acuerdo financiero alcanzado con el Fondo Monetario Internacional.
El FMI aprobó en 2024 un programa de financiamiento para El Salvador por aproximadamente 1,400 millones de dólares, acompañado de compromisos relacionados con disciplina fiscal, transparencia y fortalecimiento institucional.
La nueva legislación anticorrupción obliga a funcionarios y empleados públicos que ya estaban sujetos a controles patrimoniales ante la Corte Suprema de Justicia a presentar también una declaración jurada de activos y pasivos junto con su informe anual de renta ante Hacienda.
La normativa establece que deben detallarse bienes propios, activos circulantes, pasivos, adquisiciones y transferencias patrimoniales, incluyendo información del cónyuge o conviviente e hijos del funcionario obligado.
Asimismo, la ley ordena que esa información sea publicada en un portal electrónico accesible al público dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles después de presentada la declaración tributaria.
El Ministerio de Hacienda debe omitir únicamente datos considerados sensibles, como direcciones, números de cuenta, teléfonos o información personal que pueda comprometer la seguridad del funcionario, aunque los montos patrimoniales deben mantenerse visibles.
La legislación también contempla sanciones severas para quienes incumplan la obligación de declarar, presenten información falsa o se nieguen a autorizar la publicación de sus datos patrimoniales.
Las investigaciones patrimoniales en El Salvador han derivado anteriormente en procesos judiciales de alto impacto contra expresidentes salvadoreños.
Entre los antecedentes más relevantes figura el caso del expresidente Elías Antonio Saca, condenado por corrupción y actualmente en prisión tras admitir el desvío de fondos públicos durante su administración entre 2004 y 2009.
También destaca el caso del fallecido expresidente Mauricio Funes, quien enfrentó múltiples procesos judiciales por presunta malversación de fondos públicos y otros delitos relacionados con corrupción estatal.
La publicación del patrimonio de Bukele marca así un hecho inédito dentro de su administración, aunque persisten interrogantes sobre la evolución completa de sus bienes antes y después de asumir la Presidencia, debido a la ausencia histórica de información pública accesible durante la mayor parte de su mandato.
