La Comisión Europea pretende obligar a las empresas a que actúen para evitar y prevenir que se vulneren los Derechos Humanos en sus procesos de producción y que cumplan con los compromisos medioambientales para luchar contra el cambio climático. Por eso ha puesto sobre la mesa una directiva que exige a las compañías, sus filiales y sus proveedores en las cadenas de valor que actúen en ambos campos o, al menos, que mitiguen los efectos secundarios que pueden producir, según el texto aprobado este miércoles por la Comisión Europea.
La directiva, que ahora debe pasar por el filtro de los legisladores (Parlamento y Consejo de la UE), en el que es muy probable que sufra cambios, obligará a las empresas a cumplir con las exigencias de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos de la ONU, las directrices de la OCDE y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Los planes del Ejecutivo comunitario son que nada más entre en vigor afecte a las compañías de más de 500 trabajadores y una facturación neta en todo el mundo de 150 millones de euros. A partir del tercer año, también afectaría a las compañías con más de 250 empleados y 40 millones de ingresos. En principio, las pymes no se verían obligadas directamente por las disposiciones de la directiva. Sin embargo, la norma sí que les llegaría por una vía indirecta a través de las obligaciones impuestas a los proveedores en las cadenas de valor.
Según los cálculos de la Comisión, sus exigencias afectarán en un primer momento a unas 9.400 empresas de la Unión Europea y a otras 2.600 con actividades en el mercado único aunque no sean de uno de los Estados miembros. En el siguiente escalón la cifra crecería en otras 3.400 y 1.400, respectivamente.
La Comisión ha decidido dar un paso y convertir en obligación estas acciones porque la voluntariedad no se extiende por toda la cadena de valor de las compañías y sus proveedores. “Cuando las empresas adoptan medidas voluntarias, se centran en el primer eslabón de las cadenas de suministro, cuando en realidad los daños a los derechos humanos y al medio ambiente se producen a menudo más abajo en la cadena de valor. Además, se avanza lentamente y de forma desigual”, explica el Ejecutivo de Ursula von der Leyen en uno de los documentos divulgados. Otro de los aspectos llamativos es que la norma contempla la posibilidad de que las normas puedan emprender acciones legales por el daño causado.
Para asegurar el cumplimiento de la norma, Bruselas plantea que los Estados miembros sean los responsables de su control y que puedan sancionar y obligar a su observación. Además, la intención no es que comprometa solo a las sociedades sino que también lo haga a los directivos. Incluso se pretende que “las empresas tengan debidamente en cuenta el cumplimiento de las obligaciones del plan contra el cambio climático de las empresas a la hora de fijar cualquier remuneración variable vinculada a la contribución de un directivo a la estrategia de la empresa y a los intereses y la sostenibilidad a largo plazo”.
“Aunque algunas empresas europeas ya son líderes en prácticas empresariales sostenibles, muchas siguen enfrentándose a dificultades para comprender y mejorar su huella medioambiental y su historial en materia de derechos humanos. La complejidad de las cadenas de suministro mundiales dificulta especialmente a las empresas obtener información fidedigna sobre las actividades de sus proveedores. La fragmentación de las normas nacionales ralentiza aún más los avances en la adopción de mejores prácticas. Nuestra propuesta garantizará que los grandes agentes del mercado asuman un papel de liderazgo en la mitigación de los riesgos a lo largo de sus cadenas de valor, al tiempo que ayudarán a las pequeñas empresas a adaptarse a los cambios”, apunta el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.
