La oficialista Asamblea Legislativa aprobó el miércoles una nueva prórroga del estado de excepción, la trigésimoquinta desde marzo de 2022, una medida que ha conducido a la detención de más de 84,000 personas bajo acusaciones vinculadas a la actividad de los pandilleros, según el texto votado.
La extensión, que tendrá una duración de 30 días desde el próximo 5 de febrero, ha salido adelante con 57 votos a favor del gubernamental Nuevas Ideas (NI) y los serviles satélites oficialistas, el Partido de Concertación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, ha permitido la detención de más de 84,200 personas, según la iniciativa aprobada. Sin embargo, esta cifra no obvia el hecho de que la Fiscalía no haya logrado establecer vínculos entre los detenidos y las pandillas en todos los casos, por lo que habría, según apuntó en noviembre de 2024 el presidente, Nayib Bukele, unas 8,000 personas liberadas.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, defendió la medida como la “única que ha dado verdadera seguridad a los salvadoreños”. “Gracias al valor y determinación del presidente, Nayib Bukele, nuestro país es ahora el más seguro del Hemisferio Occidental”, ha asegurado en su cuenta de la red social X.
Durante el período de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender las libertades y garantías constitucionales con el objetivo de facilitar el despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios que decide la Presidencia de la República.
