Asamblea Legislativa se gasta mas de $425 mil en flotilla de vehículos
Compra de pickups y microbuses reaviva el debate sobre la austeridad, la transparencia y los beneficios de los diputados, mientras la bancada oficialista controla 57 de los 60 escaños del Congreso
La adquisición de una nueva flotilla de vehículos por parte de la Asamblea Legislativa, valorada en $425,061.47, ha generado cuestionamientos de distintos sectores debido al impacto que representa para las finanzas públicas y a la limitada información oficial divulgada sobre el proceso de compra y la distribución de las unidades. La contratación fue adjudicada en abril de 2026 y los vehículos fueron recibidos por la institución durante julio.
La polémica surge en momentos en que el país mantiene importantes compromisos fiscales y continúa destinando una parte considerable del presupuesto nacional al servicio de la deuda pública, mientras diversos sectores sociales reclaman mayores recursos para salud, educación, infraestructura y programas sociales.
Compra superior a los $425 mil
De acuerdo con los registros públicos de adquisiciones del Estado, la Asamblea Legislativa autorizó la compra de una flotilla por un monto de $425,061.47, equivalente a casi medio millón de dólares. La información disponible confirma el monto adjudicado; sin embargo, la institución inicialmente rechazó proporcionar detalles sobre el número exacto de unidades, sus características y la forma en que serían asignadas.
Tras las publicaciones periodísticas sobre la adquisición, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sostuvo que no se trata de vehículos de lujo, sino de unidades destinadas al trabajo institucional.
Según explicó, la compra comprende principalmente pickups y microbuses que servirán para el traslado de personal y podrán ser utilizados por las distintas fracciones legislativas cuando así lo requieran. Castro aseguró que los automotores pertenecen a la institución y no serán asignados como patrimonio personal de los diputados.
Mayoría oficialista concentra el control legislativo
La actual legislatura está integrada por 60 diputados, de los cuales 57 pertenecen al partido Nuevas Ideas y sus aliados, una mayoría que les permite aprobar decisiones administrativas y presupuestarias sin necesidad del respaldo de la oposición.
Esa amplia correlación de fuerzas ha llevado a que diversas decisiones administrativas, entre ellas contrataciones públicas, sean objeto de un mayor escrutinio por parte de organizaciones ciudadanas y sectores de oposición, que reclaman mayores niveles de transparencia.
Oposición cuestiona la falta de controles
La diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, manifestó que la Asamblea ya contaba con una flota vehicular y señaló que el debate no debe centrarse únicamente en la compra, sino también en la necesidad de establecer mecanismos públicos que regulen el uso de los vehículos y eviten discrecionalidad en el manejo de los recursos estatales.
Por su parte, la jefa de fracción de ARENA, Marcela Villatoro, afirmó que su bancada decidió no utilizar vehículos asignados por la Asamblea y sostuvo que cada legislador debe asumir sus desplazamientos sin incrementar la carga para el Estado.
El costo frente al gasto legislativo
Aunque el monto de la compra representa una fracción del presupuesto nacional, especialistas en administración pública señalan que este tipo de adquisiciones adquieren relevancia por tratarse de recursos financiados con impuestos y por la obligación constitucional de las instituciones de justificar su necesidad, oportunidad y eficiencia.
La discusión también se extiende al conjunto de beneficios que reciben los diputados, quienes además de su salario cuentan con recursos institucionales destinados al ejercicio de sus funciones, entre ellos personal de apoyo, combustible, viáticos cuando corresponden, equipo de oficina y otros gastos operativos establecidos en la administración legislativa. No existe evidencia pública de que los 57 diputados de Nuevas Ideas reciban un “estipendio” extraordinario específico vinculado a esta compra de vehículos, por lo que esa afirmación no puede sostenerse sin documentación oficial.
Transparencia, el principal reclamo
Más allá de la legalidad de la adquisición, analistas coinciden en que la principal demanda gira en torno a la transparencia.
Diversos sectores consideran que la Asamblea debería publicar de manera proactiva información como:
- El número exacto de vehículos adquiridos.
- Las marcas, modelos y especificaciones técnicas.
- Los criterios utilizados para su distribución.
- Las bitácoras de uso.
- Los costos de mantenimiento y combustible.
- Los funcionarios responsables de su administración.
La publicación de estos datos permitiría fortalecer la rendición de cuentas y reducir las dudas sobre el uso de bienes financiados con recursos públicos.
Un debate sobre prioridades
La adquisición ocurre en un contexto en el que amplios sectores de la población enfrentan presiones económicas derivadas del costo de vida, mientras el Estado continúa realizando esfuerzos para mantener el equilibrio de las finanzas públicas.
En ese escenario, el uso de recursos para ampliar o renovar activos institucionales suele abrir un debate sobre las prioridades del gasto público y la necesidad de demostrar que cada inversión responde a criterios de eficiencia, utilidad institucional y beneficio para la ciudadanía.
