TEGUCIGALPA, Honduras (Agencias/DL) — El presidente hondureño Juan Orlando Hernández anunció el martes la creación de un sistema integral de combate a la impunidad y la corrupción con la participación de jueces y fiscales internacionales en un contexto de protestas lideradas por un grupo de jóvenes que se mantiene acampado frente a la casa presidencial.
“Esto es un invitación al diálogo sin condiciones de ninguna naturaleza en compañía de los presidentes de los demás poderes del estado, de la Corte Suprema, el Congreso y la Fiscalía”, afirmó Hernández en un discurso retransmitido por todos los canales de televisión del país.
El presidente propuso la creación de una unidad de supervisión y apoyo al Ministerio Público contra la corrupción y la impunidad, una unidad de apoyo a los jueces hondureños, una unidad para la seguridad de jueces y fiscales y sus familias, un observatorio del sistema de justicia y un sistema de integridad empresarial.
Todas las unidades contarían con apoyo de fiscales y jueces internacionales.
La propuesta del presidente tiene lugar cuando se cumple un mes de marchas multitudinarias por todo el país que exigen la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras. Se registran índices de impunidad de hasta el 96% de los crímenes cometidos, según datos del Ministerio Público.
Las marchas han sido convocadas y organizadas por un grupo de jóvenes denominado “Oposición Indignada” y el anuncio presidencial sucede el mismo día que organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo para proteger a cuatro de los impulsores de las movilizaciones, que acampan desde el lunes en las cercanías de la casa presidencial de Honduras y mantienen una huelga de hambre.
Quienes apoyan a los huelguistas acampados sufrieron un ataque la noche del martes pese a estar rodeados de vallas instaladas por policías y militares que impiden que nadie llegue a los jóvenes.
Al menos una persona resultó herida. Juan Flores, profesor de literatura en un colegio privado bilingüe, recibió una pedrada en la cabeza y está hospitalizado.
“A las 2 de la mañana orábamos y de repente más de 15 hombres armados llegaron en dos vehículos, nos atacaron y huyeron rápidamente”, dijo Ariel Varela, uno de los manifestantes, a periodistas.
La policía detuvo a tres de los atacantes, a los que acusó de escándalo público e identificó a uno de ellos como José Antonio Sorto, presidente de la asociación de reservistas de las fuerzas armadas de Honduras. Sorto iba armado y entregó voluntariamente su arma a los agentes que le detuvieron cuando estaba rodeado por partidarios de los huelguistas.
Los detenidos fueron puestos en libertad poco después.
“Es una vulneración a los derechos de asociación y reunión y se les ha agredido, incluso rodeados de militares y policías, por eso se ha presentado un recurso de amparo. Deben ser protegidos”, dijo Edgardo Colindres, coordinador del no gubernamental Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) en referencia a que los acampados están cercados y nadie puede llegar hasta ellos.
Ariel Varela, uno de los huelguistas acampados, rechazó la propuesta presidencial.
“El gobierno propone un dialogo con el propio gobierno. Entre ellos. Eso no es diálogo. El gobierno tiene todos los poderes del estado y no ha hecho nada contra la impunidad”, afirmó. “Se terminó la espera y se terminó la posibilidad del diálogo. El gobierno nos tiene miedo y por eso nos tiene enrejados”.
Miguel Ángel Briceño, otro de los huelguistas, dijo que no creen “en la institucionalidad de Honduras. Todos funcionan a golpe de teléfono del presidente. Exigimos autonomía y la autonomía sólo puede venir de fuera, de las Naciones Unidas”.
El movimiento de protesta Oposición Indignada nació el 2 de mayo en las calles de esta capital cuando el hijo de 17 años de Ariel Varela convocó a sus compañeros de colegio a reunirse con antorchas frente a la sede del Congreso para protestar por un escándalo de corrupción en el Seguro Social.
Según cifras oficiales, perdió más de 100 millones de dólares en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) a través de un sistema de compras de medicamentos en mal estado, de la sobrevaloración de productos y servicios y del pago de comisiones.
Desde entonces, las marchas de las antorchas se han extendido y se han repetido casi a diario en diferentes ciudades. Incluso llegaron a rodear la sede de la ONU, las oficinas del Ministerio Público y la embajada de Estados Unidos.
El asesor presidencial Ebal Díaz dijo que “este movimiento ya perdió su sentido patriótico, pese a que en un principio dio esperanzas de ser genuino” y acusó a los manifestantes de estar manipulados y acercándose a la violencia.
