El Fiscal General de la República, Luis Martínez, dijo este fin de semana que respeta las decisiones de los jueces pero recordó a estos que las actividades de la fiscalía gozan del principio de legalidad que establece la Constitución de la República.
En un comunicado de prensa, el titular del Ministerio Público se refiere a la decisión del juez 7o de Instrucción, el que envió una petición de los querellantes en el caso Taiwan, como se conoce el proceso penal en contra del ex presidente Francisco Flores, a la Asamblea Legislativa.
La petición de los querellantes va en el sentido de que el Órgano Legislativo ordene el retiro del Fiscal General de la República del conocimiento en dicha causa alegando que existe conflicto de intereses. “La convicción jurídica de un fiscal no es objeto del control parlamentario”, aclara la FGR.
El comunicado fiscal deja en claro que todas las diligencias que la Fiscalía General de la República practica o que se llevan a cabo bajo su dirección, gozan de presunción de legalidad.
“La Fiscalía parte siempre de principios inexcusables del superior valor de la legalidad y la imparcialidad para que su actuación alcance cumplir su fin esencial de servir para el logro de la justicia”, reza el comunicado.
El fiscal Martínez no quiso referirse a los personeros de la parte querellante “para evitar caer en juicios de valor”, pero es ‘vox populi’ que estos, los querellantes, han venido acusando, desde antes que se judicializara el caso, al ex presidente Flores. “Es su tarea” dijo uno de los defensores del ex mandatario.
La Fiscalía enfatiza en su comunicado que los intereses procesales del Fiscal General coinciden con los de los jueces que estamos interesados en la investigación de la verdad y jamás de un interés en parcial.
La relación de la Fiscalía con los tres poderes del Estado lo convierte en una institución que participa de características de la función moderadora y forma parte de la estructura coordinador de los tres poderes porque no está aislada sino que en relación constitucionalmente entre sí.
La comunicación fiscal manifiesta su preocupación porque sectores interesados pretenden generar tensiones entre el y otras instituciones jurisdiccionales. “El Fiscal General es el defensor de la legalidad y lo que mal intencionalmente pretenden es someter al Fiscal a una inevitable tensión de centros de interés político que intentan romper en ventaja propia ese equilibrio en la ley y convertir a la Fiscalía en un instrumento inútil y al servicio de intereses particulares y políticos y no del interés público”.
Finalmente, el comunicado dice que el interés público del castigo del culpable en el proceso penal que el Fiscal representa no puede promoverlo en nombre del Ejecutivo ni del Legislativo a partir de la instauración de la democracia y más aún tras la Constitución que impiden ese tipo de vinculaciones.
Refiriéndose a la petición de los querellantes, la Fiscalía asegura que con estas actuaciones no solo están confundiendo peligrosamente y sin argumentos sólidos en el proceso penal, sino además empujados por interés mediático y político que afectan maliciosamente la persecución penal, y arriesgan el control garantista del juez.
