Gasto bajo la Lupa: Asamblea subió la deuda $267 millones para «Prioridades Estratégicas»
La Asamblea Legislativa aprobó la transferencia de fondos provenientes de títulos valores, en una de las más de 40 reformas presupuestarias realizadas este año
La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó el martes la incorporación de $267 millones al Presupuesto General de la Nación 2025, bajo la etiqueta genérica de «atender prioridades estratégicas del gobierno». La medida, que se ejecutó sin debate por parte de los diputados de la fracción dominante y sus aliados serviles, eleva el constante flujo de deuda y refuerzos presupuestarios en un contexto de compromisos de consolidación fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los $267 millones incorporados provienen de la colocación de títulos valores (bonos) previamente autorizados, y fueron trasladados al ramo del Ministerio de Hacienda. Si bien la incorporación de fondos es una práctica administrativa común, el constante recurso a la deuda y los refuerzos presupuestarios a lo largo del año han generado cuestionamientos sobre la planificación fiscal del Ejecutivo.
Según registros legislativos, esta es una de las más de 40 reformas realizadas al Presupuesto 2025, lo que sugiere una alta volatilidad en la ejecución de gastos y la necesidad continua de inyectar capital para cubrir compromisos, incluyendo pagos de deuda y gasto corriente, una práctica que el Gobierno había prometido evitar.
¿Qué implica «Prioridades Estratégicas»?
El término «prioridades estratégicas del gobierno» se ha convertido en una fórmula recurrente para justificar la incorporación de fondos sin la necesidad de detallar públicamente su destino específico antes de la aprobación.
Aunque la información oficial sobre la distribución exacta de estos $267 millones es limitada, refuerzos presupuestarios anteriores han sido canalizados a áreas consideradas clave por la administración actual, incluyendo:
- Seguridad Pública: Financiamiento para el funcionamiento de la Policía Nacional Civil, el sistema penitenciario y la Agencia de Ciberseguridad del Estado, pilares del programa de seguridad del Gobierno.
- Infraestructura y Obras Públicas (MOPT): Proyectos de desarrollo y mantenimiento vial.
- Salud y Educación: Refuerzos para programas sociales e institucionales.
Críticos y economistas señalan que la falta de desagregación detallada en la fase de aprobación legislativa socava la transparencia y la rendición de cuentas, dificultando el seguimiento ciudadano sobre cómo se invierten los fondos que, en última instancia, son deuda pública.
La decisión de incorporar $267 millones adicionales, financiados con deuda, contrasta con los compromisos adquiridos por el país en el marco del programa crediticio de $1,400 millones con el FMI.
El acuerdo con el organismo internacional exige una consolidación fiscal ambiciosa destinada a reducir la proporción de la deuda pública respecto al PIB. La continua inyección de fondos a través de bonos y la sucesión de reformas presupuestarias complican la meta de disciplina fiscal y han sido un foco de atención constante para el FMI, que exige mayor rigor en la gestión de las finanzas públicas salvadoreñas.
Los observadores financieros mantienen la cautela, señalando que la estrategia de financiamiento basada en la deuda, aunque cubre necesidades inmediatas y «prioridades» de alto perfil, podría generar presiones financieras a mediano y largo plazo.
