El cierre del Centro Penal de Cojutepeque y de unas siete bartolinas, por deterioro de infraestructura y hacinamiento, obligará a trasladar 3.080 reos que albergan actualmente.
Según las autoridades, la infraestructura de la cárcel “es muy vulnerable y afecta a la seguridad ciudadana del municipio de Cojutepeque por su ubicación”, ya que la alcaldía y una serie de viviendas están cerca de la misma.
Además, debido a la “cantidad de privados de libertad y el nivel de peligrosidad de los mismos, es indispensable disponer de otra infraestructura”.
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, subrayó que la acción se “enmarca dentro de una serie de medidas que se llevan a cabo en el área de justicia y seguridad junto con la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección de Centros Penales”, las cuales tienen como fin la “seguridad y avanzar en el establecimiento de una buena infraestructura penitenciaria”.
El funcionario no precisó a qué cárcel serán llevados los 1.080 privados de libertad que están recluidos en dicho penal, que actualmente se encuentra en estado de emergencia junto a otras siete cárceles.
Mientras, el director de la PNC, Howard Cotto, informó de que a finales de junio la institución planea trasladar a 2.000 reos que se encuentran en “hacinamiento” en unas siete bartolinas del país.
Cotto precisó que la Dirección de Centros Penales ha habilitado 2.000 espacios, en diferentes cárceles, para la misma cantidad de prisioneros que serán movilizados”.
El director de la PNC adelantó que los espacios que serán “inhabilitados” serán reutilizados para desarrollar proyectos que “faciliten la relación entre los elementos de la corporación policial y la ciudadanía”.
Cotto no indicó a qué cárceles serán llevados los reos, tampoco precisó cuáles bartolinas serán inhabilitadas.
Las declaraciones de Cotto y Landaverde fueron dadas el martes en el marco del despliegue de 400 reservistas y 400 policías en el Centro Histórico de la capital.
El pasado 3 de junio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el “hacinamiento” en cárceles y bartolinas del país, especialmente los ubicados en las localidades de Quezaltepeque, Soyapango y San Vicente.
La sentencia de la CSJ ordena “el cese de esas condiciones a la brevedad de lo posible” y que las “autoridades involucradas realicen los planes estratégicos para solventar la problemática y llevar a cabo el seguimiento correspondiente”.
Las 21 cárceles del Sistema Penitenciario salvadoreño albergan a más de 30.000 reos, de los cuales 13.952 son pandilleros.
