El régimen de excepción implementado por Nayib Bukele en El Salvador supone un estado de derecho roto, donde las principales garantías constitucionales están suspendidas de facto en nombre de la seguridad, según lo denuncia un informe publicado el miércoles 10 por Cristosal, la principal organización de defensa de derechos humanos del país.
Tras dos años de investigación, el documento de Cristosal evidencia la instrumentalización del sistema de justicia y el alto costo humano de este régimen, que practica detenciones arbitrarias y ya causó la muerte de bebés y personas inocentes, así como la orfandad de 176 menores y la profundización de la desigualdad social y de género.
Las cifras del reporte sobre el régimen de excpeción en El Salvador son estremecedoras: 261 personas y cuatro bebés murieron bajo custodia estatal desde la implementación del régimen de excepción en 2022.
Estas muertes dejaron a su vez a 176 niños en orfandad, mientras que el encarcelamiento masivo supone el abandono de más de 62,000 menores de 15 años.
Cristosal se basa en tres grandes investigaciones que analizan estos dos años de estado de excepción. Los ejes son: el impacto en las mujeres y niños, las muertes en las cárceles estatales y la infuncionalidad del sistema de justicia.
De acuerdo con la investigación titulada “El silencio no es opción”, Cristosal dice que determinó que 261 adultos y cuatro menores murieron bajo custodia estatal entre 2022 y 2024, durante los primeros dos años de vigencia del regimen de excepción de Nayib Bukele.
La entidad no gubernamental, fundada por dos obispos de la iglesia anglicana estadounidense, afirmó que “el trabajo constante de investigación y seguimiento que Cristosal ha realizado sobre el régimen de excepción y sus efectos permite demostrar que, en El Salvador, el Ejecutivo, las fuerzas armadas y de seguridad, el Poder Legislativo y el aparato de Justicia trabajan actualmente en completo acuerdo para imponer y normalizar un sistema de represión diseñado en la presidencia de la República y una política de control e intimidación social propia de gobiernos totalitarios”.
El gobierno de Bukele no se ha pronunciado sobre este informe y tampoco ha respondido a la solicitud de comentarios hecha por periodistas nacionales e internacionales.
Tras recibir críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos en el combate a las pandillas, las autoridades han dicho con anterioridad que defienden los derechos de la población honrada y han acusado a organismos locales e internacionales de defender los intereses de los delincuentes.
Según el estudio, el 93% de los fallecidos eran hombres jóvenes y de bajos recursos económicos que en el momento de su detención vivían en el área urbana, aunque cerca del 40% de ellos provenía originalmente de zonas rurales. Cristosal dice que según las denuncias recibidas durante los más de dos años de vigencia del régimen de excepción, la mayoría de personas detenidas así como los fallecidos en las cárceles tenían antes de su detención “oficios que generan pocos ingresos y carecían de recursos económicos para satisfacer todas sus necesidades”.
Para esta investigación, Cristosal afirma que entrevistó a víctimas y familiares de víctimas de la política de mano dura del gobierno, así como también dio seguimiento a casos, revisó documentos judiciales y estudios forenses. “El Estado se ha convertido en un aparato de captura de inocentes y/o potenciales criminales practicando detenciones arbitrarias, masivas e ilegales”, dice el informe.
El régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 suspende garantías constitucionales, como el derecho a la defensa de los detenidos, amplía de 72 horas a 15 días la detención provisional y faculta al Estado a intervenir las telecomunicaciones sin previa autorización de un juez. También ha provocado miles de denuncias por supuestas violaciones a derechos humanos y malos tratos al interior de las prisiones.
Cristosal señala que en los primeros dos años de implementación del régimen de excepción, ha asesorado o prestado acompañamiento legal a 1,150 personas en condición de desplazamiento interno forzado por causa de violencia, atribuida en el 36,4% de los casos a las pandillas y en el 42,7% a agentes de la Policía Nacional Civil o militares. «Desplazadas las pandillas de sus territorios de operación habituales, los cuerpos de seguridad pública se han convertido en los nuevos victimarios», afirma.
La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó el martes una nueva prórroga de 30 días del régimen de excepción, con los votos de 57 de 60 diputados. La vigésimoctava prórroga.
