El 22 de agosto de 2019, o sea dentro de un mes y 27 días, Enrique Rais, su sobrino Hugo Blanco, su abogado Wilfredo Gutiérrez, y el exfiscal Luis Antonio Martínez, cumplirán tres años de estar librando una encarnizada lucha por hacer prevalecer la justicia por sobre la injusticia.
Ese día Rais y sus acompañantes se presentaron a la Fiscalía General de la República, atendiendo a una cita relacionada a otra situación en la que Rais era y sigue siendo parte ofendida; sin embargo, después de transcurrir varias horas sin ser atendidos por las autoridades y de mantenerlos secuestrado en sede fiscal, fueron trasladados a un centro de detención violando sus derechos constitucionales, donde les comunicaron que estaban detenidos.
Luis Martínez se presentó al filo de las 7 de la noche, a la sede en Santa Elena, donde fue capturado juntamente con Rais y su sobrino.
Martínez, acompañado de su abogado, se presentaron a la sede fiscal de Santa Elena en busca de información que determinara su situación jurídica pero nadie los atendió, por lo que se dirigieron a la sede de la Fiscalía en la colonia La Sultana donde tampoco fueron atendidos por personal de FGR, excepto por un empleado administrativo que lo condujo a una sala donde le dijeron que aguardara. Poco a poco se iba tendiendo un cerco, primero ingresaron unos agentes policiales que rodearon a Martínez cuando este aún estaba en la sala de espera; finalmente fue obligado a ponerse de pie y a acompañar a los agentes policiales fuera del edificio donde lo subieron a un automotor policial, para luego trasladaron hasta bartolinas policiales.
Uno de los abogados de Rais, David Campos Ventura, denunció la estratagema y los engaños de que se valió la Fiscalía que dirigía Douglas Meléndez, para capturar al empresario, a su sobrino y a su abogado. “Les han timado, les han engañado, porque han venido a otro tipo de operativo”, dijo Campos Ventura, al salir de la Fiscalía. Un día después, Enrique Rais, su sobrino Hugo Blanco Rais y el ex fiscal Martínez, fueron acusados de falsedad ideológica y fraude procesal.
El Fiscal Douglas Meléndez, acompañado del entonces director del del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Alcides Campos Crespo , aseguraron a los medios de comunicación que la prueba fundamental para encausar a Rais, su sobrino Hugo y al ex fiscal Martínez, eran las grabaciones de sus llamadas telefónicas.
En el curso del proceso aparece contundentemente probado que las cintas de grabación eran ilegales, no solo por extemporáneas sino porque el numero telefónico “pinchado” no pertenecía al empresario Rais. Todo consta en autos.
Ante la robustez de prueba, de que las grabaciones telefónicas eran falsas y que habían sido utilizadas para “montar” el caso Rais-Martínez, el Fiscal Douglas Meléndez recurrió al impacto mediático y causó un revoluto para confundir a jueces y magistrados.
De manera cínica, el ex director del Centro de Intervenciones de la FGR, Alcides Campos Crespo, ha confesado y reconocido que fue él quien decidió ampliar las escuchas telefónicas usadas como prueba en el caso denominado por la prensa como Rais-Martínez, sin autorización judicial.
Hemos tenido acceso a un video donde se escucha al exjefe del centro de escuchas telefónicas, admitir que la ampliación de las intervenciones telefónicas las ordenó sin la autorización del entonces titular de la FGR, Luis Martínez, ni de ningún juez.
“A partir de este momento, yo voy a asumir la responsabilidad y las consecuencias que se generen producto de esa ampliación que vamos hacer, y yo no le voy a informar al fiscal general en turno sobre esa ampliación”, expresa en el video Alcides Campos Crespo. ¿Habráse visto semejante desafío a la ley?
De manera insólita, cuando ya estaba por aclarar el caso Raís Martínez, lo que hubiese sido el anticipado fin de la carrera fiscal de Douglas Meléndez, en plena carrera por optar a un nuevo periodo como Fiscal General de la República, este se sacó de la manga un nuevo caso con el que, no solo se aseguraría de que el ex fiscal Martínez permaneciera en la cárcel, que el empresario Rais se mantuviera alejado del país y de inmovilizar a quienes podían fastidiarle sus sueños de reelección al frente de la FGR, sino de abrirse eventualmente, el camino a la presidencia de la República.
Para ello se inventó el caso “Corruptela”, solo que ahora no utilizó grabaciones falsas, ahora recurrió al uso de testigos criteriados, fiscales a su servicio, a los que amenazó y hasta torturó para que mintieran y falsearan sobre los argumentos en que la FGR basó su hipótesis fiscal para dañar, una vez más, a Enrique Rais, a Luis Antonio Martínez, al expresidente Mauricio Funes y a 30 personas más, con el caso corruptela.
En este nuevo caso se le fue la mano al Fiscal General Meléndez, al grado que, gracias a ese “invento” quedaron al descubierto las maniobras y las arbitrariedades de las que se valía para someter a los que consideraba sus enemigos. Al quedar descubierto su modo de proceder, sus patrocinadores, diputados, funcionarios de gobierno y hasta “la embajadora”, echaron pie atrás; las piedras en el zapato a las que nos referimos en su oportunidad, se volvieron peñascos que frenaron su anhelado camino a la reelección.
En su frustración y desesperación por no haber sido reelecto, Meléndez no ocultó sus temores y anunció a los fiscales de su confianza, su decisión de abandonar el país para evitar “grandes males” para él y su familia. Con esto fue suficiente; durante la Navidad y Año Nuevo, antes que Raul Melara tomara posesión del cargo de Fiscal General de la República, se quemaron grandes cantidades de documentos y de información que lo comprometía junto a otros fiscales.
Afortunadamente, el temor también toco a las puertas de la conciencia de los fiscales que se prestaron a servir como testigos criteriados en el caso corruptela. En grupo, solidarios, se abocaron primero a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), creyendo que obtendrían protección, y denunciaron al ex fiscal Meléndez como el responsable de haber inventado el caso Rais Martínez al igual que el caso corruptela.
Previendo que Meléndez pudiese huir del país, como en efecto parece que ya lo hizo, los fiscales, ex testigos criteriados, tomaron la razonable decisión de renunciar al criterio de oportunidad que les había concedido Meléndez y judicializaron sus declaraciones. Finalmente comenzaba a brillar, aunque tardíamente, la luz de la verdad.
Lo que en principio denunciara Enrique Rais, sobre la existencia de grupos de poder al interior de la FGR que eran patrocinados y utilizados por Meléndez para armar casos controversiales, ha dejado de ser un secreto a voces; ahora es una verdad judicializada a voces.
Quedamos entonces a la espera de cuán pronta y cumplida es la justicia en El Salvador. Por de pronto ya la jueza Séptima de Paz de San Salvador”desaforó” a los fiscales que se prestaron para corromper la justicia. Ya se sabe quiénes son los fiscales que participaron pasiva o activamente en la “construcción” del caso corruptela.
La honorable jueza que sustituye provisionalmente al juez Cuarto de Instrucción, Rigoberto Chicas, aún no ha recibido la certificación de lo declarado por los fiscales en el juzgado séptimo de paz; entonces, al recibirla se espera resuelva de manera inmediata. Hay por lo menos tres personas que guardan prisión provisional desde hace varios meses, un ex fiscal refundido en Mariona desde hace ya casi tres años, un empresario que contra su voluntad se encuentra fuera de su patria a la que anhela regresar para dedicarse a sus labores productivas que dan trabajo a miles de personas y por lo menos 30 familias más que sufren por la incertidumbre que causa la lentitud judicial.
Recordamos a la honorable jueza, a cargo del Juzgado 4º de Instrucción, que una sola prueba de descargo apegada a la verdad, tiene más valor que cien pruebas que han demostrado ser falsas; que nuestra Constitución de la República garantiza los derechos a la presunción de inocencia y a que se nos haga justicia pronta y cumplida. Le recordamos también que, como dijo Séneca, “Nada se parece tanto a una injusticia como la justicia tardía”.
El ex fiscal Douglas Meléndez llamaba a los jueces maleantes y delincuentes por no no resolver tal cual él quería. Esa afrenta solo tiene una respuesta: Resolver pronta y cumplidamente en defensa del debido proceso y el Estado Constitucional y democrático de Derecho.
