El Ministerio Público de Venezuela difundió el lunes, en conferencia de prensa, testimonios de migrantes venezolanos que llegaron al país por el intercambio de prisioneros con Estados Unidos el pasado viernes y quienes, según grabaciones, denuncian maltratos y tortura durante su estadía en la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, CECOT.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, dijo durante la presentación de los videos, transmitida por la televisora estatal VTV, que el Ministerio Público venezolano abrió una investigación contra el presidente Nayib Bukele y otros altos funcionarios salvadoreños, a quienes acusan de tortura y tratos crueles, entre otros cargos.
En las grabaciones divulgadas, varios de los presuntos repatriados denunciaron además violaciones a sus derechos humanos durante su estancia en el Centro de Confinamiento por Terrorismo (Cecot), donde fueron deportados desde Estados Unidos por el Gobierno del presidente Donald Trump, acusados sin mayores pruebas de crímenes en ese país.
El Gobierno de Trump completó un intercambio de prisioneros a gran escala con Venezuela el viernes, repatriando a unos 250 venezolanos que habían sido deportados y encarcelados en El Salvador a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses, informaron las autoridades.
Los migrantes repatriados desde El Salvador aún no se han reunido con sus familiares en Venezuela. Las autoridades dicen que están bajo revisiones de salud, migratorias y de antecedentes penales, entre otros, un proceso habitual con las personas deportadas que regresan al país.
El intercambio de detenidos se da luego de meses de tensión y denuncias por parte del Gobierno del presidente Nicolás Maduro por la detención de los migrantes en territorio salvadoreño. En contraparte, a finales de junio, el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo estar preocupado porque “la situación de los derechos humanos en Venezuela se ha deteriorado” desde mayo de 2024.
Saab rechazó entonces el informe en un comunicado y lo catalogó de “nueva agresión diplomática e injerencista contra la soberanía y el sistema de justicia venezolano”.
