A pesar de las cifras de crecimiento económico que el gobierno de El Salvador ha publicitado, diversas organizaciones financieras y economistas locales advierten sobre una situación económica que muestra signos de vulnerabilidad. La dependencia de las remesas familiares, la alta deuda pública y la opacidad en el manejo de las finanzas son factores que generan preocupación en el mediano y largo plazo.
Si bien el país ha logrado un crecimiento moderado del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos años, analistas señalan que este desempeño es frágil y no se traduce en una mejora sustancial en la calidad de vida de la mayoría de la población. La inflación, aunque controlada en el último período, sigue afectando el poder adquisitivo de los salvadoreños, especialmente en los productos básicos.
Un pilar fundamental de la economía salvadoreña son las remesas enviadas por los ciudadanos que viven en el extranjero. Estos ingresos representan un porcentaje significativo del PIB y son vitales para el consumo y la estabilidad social. Sin embargo, esta dependencia también expone al país a los vaivenes de las economías de las que provienen, principalmente Estados Unidos. La situación económica en ese país podría tener un impacto directo y negativo en la economía salvadoreña.
A esto se suma la alarmante cifra de la deuda pública, que ha superado el 100% del PIB, según datos del Banco Mundial. Aunque el gobierno logró pagar a tiempo un eurobono de $800 millones en enero pasado, evitando un default inminente, el camino a seguir para gestionar la deuda sigue siendo incierto. La falta de un acuerdo real con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la opacidad en las negociaciones de nuevas fuentes de financiamiento generan dudas sobre la sostenibilidad fiscal del país.
Economistas y observadores internacionales han señalado la falta de transparencia del gobierno en la divulgación de datos económicos clave, lo que dificulta un análisis preciso y una planificación adecuada. Informes de organizaciones como el FMI y el Banco Mundial han destacado la necesidad de mejorar la transparencia para atraer inversiones y fortalecer la confianza en la economía.
En este panorama, el gobierno enfrenta el desafío de diversificar la economía, reducir la deuda y crear oportunidades de empleo sostenibles, más allá de la seguridad, que ha sido el pilar de la narrativa oficial. La economía de El Salvador se encuentra en un punto crítico donde las decisiones que se tomen en los próximos años definirán el rumbo del país.
