Por Luis Vazquez-Beckers
El vicepresidente Félix Ulloa confirmó recientemente a congresistas norteamericanos que Kilmar Ábrego García está encarcelado en El Salvador porque el presidente estadounidense Donald Trump le está pagando al gobierno de Nayib Bukele para mantenerlo detenido.
Ábrego García, quien residía en el estado de Maryland, huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa. Pero, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt asegura que “Es un extranjero ilegal, un terrorista extranjero y un criminal miembro de la banda MS-13 que violó las leyes de nuestro país al venir aquí en primer lugar”, según explicó a Brian Kilmeade de Fox News.
El gobierno de Donald Trump acordó pagar al gobierno de Nayib Bukele 6 millones de dólares anuales para cubrir los costos de encarcelamiento de los deportados en El Salvador. Esto equivale a aproximadamente 20,000 dólares por persona. Los detenidos están siendo recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en el paracentral departamento de San Vicente.
La cifra es equivalente a unos $1,666.66 mensuales por preso, lo que sería el valor monetario de la justicia salvadoreña para recluir con criminales a personas que no han sido oídas ni vencidas en juicio, ni en los Estados Unidos, ni en El Salvador.
Mientras algunos elogian el acuerdo como una solución efectiva para combatir el crimen transnacional, otros cuestionan las condiciones de encarcelamiento y el impacto en los derechos humanos de los deportados.
Organismos de derechos humanos han expresado preocupación por la falta de transparencia y el debido proceso en la detención de los deportados.
Este acuerdo plantea preguntas fundamentales sobre el costo de la justicia y el equilibrio entre seguridad y derechos humanos. ¿Es este modelo sostenible y ético? La respuesta dependerá de cómo ambos gobiernos manejen las críticas y ajusten sus políticas en el futuro.
