Una jueza federal suspendió el miércoles su orden que requería que el gobierno federal proporcione detalles sobre sus esfuerzos hasta el momento para traer de regreso a Kilmar Ábrego García, el hombre que fue deportado por error a El Salvador.
Drew Ensign, asistente del fiscal general adjunto, presentó una moción precintada solicitando una suspensión de la orden de la jueza durante siete días para que el gobierno presente testimonio y documentos que involucran planes para traer de regreso a Kilmar Ábrego García. El gobierno también busca que no se le requiera presentar actualizaciones diarias sobre su progreso.
Los abogados de Ábrego García presentaron su rechazo a la moción del gobierno para suspender la orden. La respuesta también fue precintada en el tribunal federal de Maryland.
La jueza federal Paula Xinis concedió la suspensión hasta el 30 de abril, pero en su orden no se establecen cambios en los requerimientos de actualizaciones diarias. No explicó su razonamiento legal, pero escribió que se hizo “con el acuerdo de las partes”.
El gobierno deportó a Ábrego García hacia El Salvador el mes pasado en lo que funcionarios describieron más tarde como “un error administrativo”, pero insistieron en que Ábrego García era miembro de la pandilla MS-13.
El día anterior, Xinis reprendió a los abogados del gobierno por ignorar sus órdenes, obstruir el proceso legal y actuar de “mala fe” al negarse a proporcionar información.
El gobierno federal ha afirmado que gran parte de la información está protegida porque involucra secretos de Estado, deliberaciones gubernamentales y privilegio abogado-cliente. Pero Xinis ha rechazado el argumento y exigió que el gobierno de Trump presente justificaciones específicas a cada reclamo de información privilegiada antes de las 6 de la tarde del miércoles.
Tom Homan, zar fronterizo de Trump, no abordó directamente los comentarios que la jueza hizo el martes cuando los periodistas le preguntaron el miércoles en la Casa Blanca. Pero reiteró la postura del gobierno de que, en caso de que Ábrego García sea devuelto hacia Estados Unidos, será detenido y deportado nuevamente.
La Corte Suprema le ordenó hace casi dos semanas al gobierno que facilitara el regreso de Ábrego García a Estados Unidos, rechazando la afirmación de la Casa Blanca de que no podía recuperarlo después de deportarlo por error.
Los funcionarios de Trump han respondido, argumentando que depende de El Salvador, aunque el presidente salvadoreño también ha dicho que carece del poder para devolver a Ábrego García. El gobierno también ha argumentado que la información sobre cualquier paso que haya tomado o pueda tomar para devolver a Ábrego García está protegida por las leyes de privilegio abogado-cliente, leyes de secreto de Estado, “privilegio gubernamental” general u otras reglas de secreto.
Pero Xinis dijo que esas afirmaciones, sin hechos que las respalden, reflejan una “negativa intencional y de mala fe a cumplir con las obligaciones de descubrimiento”.
“Durante semanas, los demandados han buscado refugio detrás de afirmaciones vagas e infundadas de privilegio, usándolas como un escudo para obstruir el descubrimiento y evadir el cumplimiento de las órdenes de este tribunal”, escribió Xinis en la orden del martes. “Los demandados han sabido, al menos desde la semana pasada, que este tribunal requiere demostraciones legales y fácticas específicas para respaldar cualquier reclamo de privilegio. Sin embargo, han continuado confiando en afirmaciones estándar. Eso termina ahora”.
Ábrego García, de 29 años, vivió en Estados Unidos por aproximadamente 14 años, durante los cuales trabajó en construcción, se casó y estaba criando a tres hijos con discapacidades, según los registros judiciales.
Un juez de inmigración de Estados Unidos había protegido a Ábrego García de la deportación a El Salvador en 2019, dictaminando que probablemente enfrentaría persecución en ese país por parte de las pandillas locales que habían aterrorizado a su familia. También se le otorgó un permiso federal para trabajar en Estados Unidos, donde era trabajador metalúrgico y miembro de un sindicato, según sus abogados.
Pero el gobierno Trump lo expulsó a El Salvador el mes pasado.
Ábrego García nunca fue acusado de un delito y ha negado las acusaciones. Sus abogados han señalado que un informante criminal afirmó que era miembro de MS-13 en Long Island, Nueva York, donde nunca ha vivido.
No es la primera vez que el gobierno de Trump enfrenta una reprimenda de un juez federal por su enfoque en los casos de deportación.
Un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del 4to Circuito reprendió al gobierno la semana pasada, diciendo que su afirmación de que no puede hacer nada para liberar a Ábrego García “debería ser impactante”. Ese fallo se produjo un día después de que un juez federal en Washington D.C. encontrara causa probable para declarar al gobierno de Trump en desacato criminal al tribunal por violar sus órdenes de retornar aviones que transportaban deportados a El Salvador en un caso legal diferente.
Los demócratas y los expertos jurídicos señalaron que Trump está provocando una crisis constitucional, en parte, al ignorar los fallos judiciales, mientras que la Casa Blanca ha dicho que son los jueces quienes son el problema.
