Policías armados con fusiles de guerra realizan operativos similares a las redadas impulsadas por el gabinete de Seguridad del presidente Nayib Bukele en El Salvador, solo que con grandes diferencias.
En Honduras dos pandillas, la Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, se han dividido el territorio. Imponen sus reglas y obtienen dinero con venta de drogas, sicariato, cobro de extorsiones y otros delitos.
Sin embargo, durante patrullajes policiales en zonas controladas por la violencia, las viviendas permanecen con las puertas cerradas, sus moradores guardan silencio al interior solo se escuchan ladridos de perros. Varias casas parecen abandonadas.
Para combatir a las pandillas, desde el 6 de diciembre rige en Honduras un estado de excepción que permite arrestos sin orden judicial, semejante al que está en vigor desde hace un año en El Salvador.
El 31 de marzo, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, encabezó una reunión con jefes castrenses y los titulares del Congreso y la Corte Suprema, en la que decidieron instrumentar una «segunda etapa» de la cruzada antipandillas, con despliegue de militares en las calles.
Ahora, «Ejército, Fuerza Aérea y Naval colaborarán de manera efectiva, ejecutando acciones y actividades en materia de seguridad» junto a la policía, dijo entonces el gobierno en un comunicado.
Las acciones del gobierno tuvieron una respuesta. A principios de mes, pandilleros presos se enfrentaron en cuatro cárceles, con saldo de un muerto y siete heridos.
Como respuesta, Castro ordenó una intervención que incluye un «desarme real» y combate a autoridades penitenciarias corruptas que dejan ingresar hasta fusiles, granadas, teléfonos y drogas a cambio de dinero.
Los pandilleros dirigen desde las prisiones operaciones del crimen organizado en el exterior, por lo cual el gobierno ordenó también la intervención de las comunicaciones en los penales.
Sin embargo, los enfrentamientos se han estado repitiendo casi a diario en diferentes penales, con una veintena de heridos, en los incidentes.
Apenas 530 detenidos
En El Salvador, las autoridades han encarcelado ya más de 68.000 presuntos pandilleros, con redadas que abarcan municipios completos, donde policías y militares montan cerco por días o semanas. Sin embargo, sus métodos son criticados por la oposición, la ONU y organismos de derechos humanos.
En Honduras la campaña antipandillas no tiene ese alcance y cosecha modestos frutos hasta ahora, según expertos.
«Más de 530 miembros de estructuras delictivas organizadas han sido capturados durante los primeros meses del año», dice a periodistas el portavoz de la unidad policial antipandillas, Mario Fu.
La cifra resulta ínfima para el criminólogo hondureño Gonzalo Sánchez, quien sostiene que en el país «falta voluntad» para combatir al crimen.
«Al comparar el estado de excepción de El Salvador […] allá sí efectivamente ha habido voluntad política», declara Sánchez.
– «Decepción» –
Las patrullas policiales y del ejercito de Honduras, luego de horas de intervención en zonas controladas por las pandillas, se retiran sin detenidos.
El estado de excepción fue inicialmente decretado por un mes, pero ha sido prorrogado sucesivamente ante los «buenos resultados».
Originalmente la medida regiría en barrios de Tegucigalpa y de la ciudad norteña de San Pedro Sula, pero fue extendida a 123 de los 298 municipios del país.
En la colonia Alemán de Tegucigalpa, donde el gobierno lanzó la campaña antipandillas, la gente se burla del estado de excepción.
«Más bien no le dicen así, sino que le dicen ‘estado de decepción’, porque [las autoridades] no están haciendo nada» y las extorsiones de las pandillas a la población «están a la orden del día», aseguran pobladores.
