La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), una organización no gubernamental de izquierdas que nació amparada por el FMLN en 1988 en El Salvador, anunció el jueves que decidió cerrar sus operaciones debido a las condiciones impuestas por la Ley de Agentes Extranjeros aprobada por la Asamblea Legislativa en mayo.
Esta es la segunda ONG que cierra operaciones en el país luego que en julio la principal organización de derechos humanos en El Salvador — Cristosal — anunció que abandonaba el país debido al creciente acoso y las amenazas jurídicas que enfrentaba por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
“Hoy, la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) coloca a toda organización de la sociedad civil en una encrucijada ineludible: seguir funcionando con personalidad jurídica bajo un marco jurídico restrictivo para el ejercicio del derecho de asociación o bien buscar alternativas que le permitan conservar su identidad y propósitos”, señaló Fespad en un comunicado.
Fespad afirmó que nació con el objetivo de prestar servicios profesionales de derecho a personas vulnerables, pero aseguró que con la Ley de Agentes Extranjeros se genera inseguridad jurídica porque establece un régimen ambiguo y discrecional para aplicar prohibiciones a personas naturales o jurídicas, y que vuelve insostenible financieramente por el pago del 30% al Gobierno de Nayib Bukele de las donaciones.
Además, señaló que impide cumplir libremente con la finalidad y misión institucional que cada organización se proponga en favor de los derechos humanos, y que la normativa “constituye un obstáculo para el desarrollo de cualquier tipo de actividad de contraloría social a la gestión pública o para la promoción y defensa de los derechos humanos”.
“Ante esa realidad, como Fespad hemos tomado una decisión dolorosa pero coherente: disolver nuestro carácter de fundación y cerrar legalmente operaciones como tal”, indicó.
La Ley de Agentes Extranjeros establece un impuesto del 30% a las ONG y asociaciones sociales sobre los fondos o donaciones que reciban desde el extranjero e impone, además, la creación de un registro al que deben inscribirse todas las organizaciones que operen en el país y deja a este nuevo ente amplias facultades para fijar los requisitos que éstas deben cumplir.
La ley ha recibido críticas de organizaciones sociales, políticos y analistas por considerarla antidemocrática y una herramienta de censura que busca silenciar y criminalizar el trabajo en derechos humanos.
Bukele ha defendido la norma señalando que es una forma de frenar la influencia extranjera y la corrupción. La ley entró en vigencia el 7 de junio y establece un periodo de 90 días para que cualquier persona u organización que reciba financiamiento extranjero se registre como “agente extranjero” en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX). También obliga a estos “sujetos obligados” a dar cualquier información sobre sus actividades o finanzas que considere y le pide el RAEX.
Asociaciones como Acción Ciudadana (AC), la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), la fundación Transparencia, Contraloría y Datos Abiertos (Tracoda) y la Colectiva Feminista han solicitado su inscripción.
